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La Ciudad

Usurpaciones

En 2013, la orden de desalojo

11|10|17 09:21 hs.

El juez Gabriel Giuliani, a mediados de 2013, determinó que la restitución debe efectuarse al Estado municipal, "libre de enseres y actuales ocupantes, en un plazo no mayor de 25 días de notificados de la presente resolución, bajo apercibimiento de ordenar el desalojo con el auxilio de la fuerza pública". 


La apelación genera una nueva instancia y extiende los tiempos de definiciones, para un problema cuya complejidad es admitida por las autoridades municipales. 

Entre muchos otros argumentos, Giuliani subrayó en su resolución que las "facultades otorgadas a los jueces para ordenar la restitución de la propiedad inmueble no hacen más que realzar la consagración constitucional prevista en el artículo 17 de la Constitución Nacional, en lo que hace al desarrollo de la propiedad individual, cuyo respeto está siempre en razón directa de la libertad humana y de la prosperidad y cultura de los pueblos, debiendo ser resguardada aún frente al agudo y grave problema social constituido por la desesperación y la necesidad de familias sin habitación, circunstancias que las inducen a tomar algo que no les pertenece". 

Dos años después de la Secretaría que conduce Nickel emanó la orden a través de Catalina Loza para que la Policía "desocupe" sin mediar otro trámite legal, terrenos que todavía no se resolvió a quién pertenecen.


Las crónicas de ese año daban cuenta de que la doctora Laura Pereyra, defensora oficial, y el doctor Malaspina, representante legal de algunos de los imputados, presentaron una apelación ante la resolución de desalojo de 39 viviendas que se encuentran usurpadas. 

La medida había sido adoptada por el doctor Gabriel Giuliani, del Juzgado Criminal y Correccional local, quien había establecido un plazo de 25 días que estaba llegando a su vencimiento. Del total de propiedades mencionadas, 22 corresponden al Barrio Los Ranchos II y dieron lugar a la intervención de la fiscal Verónica Vidal; mientras que 17 -ayer trascendió la existencia de otro caso- están ubicadas en Ruta 3 Sur, con la participación en el proceso del fiscal Gabriel Lopazzo. 

En el Concejo 
En 2015 los concejales aprobaron por unanimidad la futura urbanización privada de la ex cancha de Unión, la cesión de terrenos para familias con viviendas usurpadas y la modificación de la ordenanza por el Banco de Tierras. 

Por aquel entonces, el concejal Werner Nickel se refirió en esa sesión sobre el tema de la posesión definitiva tras la aplicación de la figura de "tenencia precaria" de 23 familias diciendo, "creo que esto es un principio de solución y se deja abierta la posibilidad para que el Ejecutivo siga con un mismo procedimiento". 

Sin embargo, dos años después de la Secretaría que conduce Nickel emanó la orden a través de Catalina Loza para que la Policía "desocupe" sin mediar otro trámite legal, terrenos que todavía no se resolvió a quién pertenecen.