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Nacional

Multiplicar tanto el crédito, como la competencia

Leyes aprobadas esta semana en el Congreso

12|05|18 19:14 hs.

Por Ernesto Martinchuk, periodista parlamentario

Esta semana –como lo informamos en LVP- el Congreso aprobó dos leyes muy importantes que, tal vez fueron poco difundidas, pero permitirán seguir construyendo una economía sostenida en el tiempo. 

Una es la Ley de Financiamiento Productivo, que va a multiplicar el crédito para las empresas y las familias argentinas. Hasta ahora teníamos los mercados de capitales e hipotecarios más chicos de Sudamérica. Gracias a esta ley se empieza a recuperar el terreno perdido hace muchos años. 

La otra es la Ley de Defensa de la Competencia, que finalmente le permitirá al Estado detectar y sancionar conductas monopólicas y proteger mejor a los consumidores. Ya existían normas de defensa de la competencia, pero con poco poder. Ahora el Estado tendrá herramientas de verdad para asegurar la competencia en cada mercado y evitar la formación de carteles.

Por qué son importantes. Porque nos van a permitir avanzar en dos direcciones que históricamente le han costado mucho a la Argentina. Una es la del acceso al crédito para las pymes y las familias, que casi siempre ha sido escaso, caro, intermitente y de corto plazo. La otra es tener mercados con verdadera competencia, sin monopolios o acuerdos entre empresas para fijar precios o repartirse sectores. Con más competencia ganan los consumidores, porque los favorecen la baja de precios y la calidad de los productos o servicios.

En Argentina, el tamaño del mercado de capitales, que incluye todos los créditos que se dan en un país, es mucho más chico que en otros países de la región.

Financiamiento productivo 
El mercado de capitales, es el lugar donde se canalizan los ahorros de una sociedad, para darles crédito de largo plazo a las empresas o las familias que quieren invertir en su futuro. Cuando una sociedad tiene un mercado de capitales pequeño y poco desarrollado, como en el caso de nuestro país, hay poco crédito, o es muy caro, o de corto plazo. 

La Ley de Financiamiento Productivo quiere cambiar esta situación, con un foco especial en el acceso al crédito de las pymes y en el acceso a la vivienda de las familias. Introduce cambios en cuatro ejes centrales:es mucho más chico que en otros países de la región.

- Genera nuevas herramientas de financiamiento para pymes 

- Crea un sistema para multiplicar los fondos disponibles para créditos hipotecarios 

- Simplifica los requisitos para que las pymes puedan emitir Obligaciones Negociables, o sea un tipo de bono 

- Le da autoridad a la Comisión Nacional de Valores para hacer más dinámico el mercado de capitales

Aunque creció mucho en los últimos dos años, el mercado de crédito en la Argentina sigue siendo muy pequeño y es el menos desarrollado de la región. Todos los créditos que existen en el país, sumados, equivalen al 12% del PBI, mucho menos que el 34% en México, el 42% en Brasil o el 86% en Chile. Lo mismo pasa con el mercado hipotecario. Todos los créditos hipotecarios de la Argentina suman algo más del 1% del PBI. En Chile esa cifra es del 24%. 

Hay mucho espacio para crecer, pero hasta esta semana faltaban los instrumentos legales. Eso quiere decir que hay mucho espacio para crecer, pero faltaban hasta ahora los instrumentos legales para hacerlo. 

Ya se había empezado a avanzar. Entre 2015 y 2017 se triplicó el financiamiento de las empresas a través del mercado de capitales. Se duplicó la cantidad de Obligaciones Negociables, un tipo de bono, emitidas por empresas y casi se triplicó la emisión de acciones, que es cuando una empresa vende una parte de su capital para reunir fondos. También se triplicó la cantidad de inversores que participan del mercado de capitales. 

El Gobierno estima que, gracias a estas nuevas herramientas, el mercado de capitales en la Argentina puede crecer en los próximos años hasta los 228.000 millones de dólares, aproximadamente la mitad de su PBI. 

Aun sin la ley, el Gobierno había impulsado mecanismos para fomentar el crédito para pymes, que viene aumentando a un ritmo de 100.000 millones de pesos anuales desde 2015. 

Dos herramientas principales incluidas en la ley, novedosas en Argentina pero habituales en los países donde existe crédito abundante:

- Crea la Factura de Crédito Electrónica a través de la que se permite el “factoring”, una nueva herramienta de financiamiento para las pymes. Actualmente el 70% de las pymes se autofinancia e incluso financia a sus clientes (grandes empresas o el propio Estado), que tardan en pagarles. Ahora podrán utilizar ese crédito para financiarse. 

- Introduce nuevas fuentes de financiamiento para ampliar la oferta de créditos hipotecarios, como la securitización de las hipotecas y las letras hipotecarias que se ajustan por inflación.

Con el cambio de Gobierno, la CNDC recuperó (además de su independencia política y la capacidad técnica) el ritmo de actividad.

Defensa de la competencia 
El Gobierno ha trabajado intensamente para incrementar la competencia en la actividad económica, impedir carteles y monopolios y proteger a los usuarios y consumidores. 

En estos dos años le devolvió independencia política y capacidad técnica a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que desde diciembre de 2015 multiplicó su productividad. 

En 2016 y 2017 la CNDC emitió 456 dictámenes y 657 opiniones, cuatro veces y siete veces más que el promedio anterior, respectivamente, y se enfocó en once mercados con posibles conductas anticompetitivas. 

La ley anterior tenía sanciones bajas y no brindaba herramientas para investigar y sancionar a los carteles. Ahora, gracias a la ley sancionada esta semana, podrá avanzar más rápido. 

La ley anterior establecía sanciones bajas y no brindaba herramientas adecuadas para investigar y sancionar a los carteles. El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia había sido establecido por la ley anterior, pero nunca se había creado.

La nueva ley 
La ley instituye la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo autárquico y descentralizado, con responsables designados por concurso. Será la encargada de investigar, controlar y sancionar a los infractores, y en su órbita funcionará el largamente demorado Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. 

La nueva ley penaliza a los responsables de la monopolización y protege a quienes denuncian los abusos, con la figura de la delación premiada. El arrepentido puede ser eximido de las sanciones si es el primero en aportar información, o ver reducida su multa entre un 20% y un 50%. 

Mientras que las multas anteriores podían alcanzar como máximo 150 millones de pesos, la nueva ley contempla sanciones de hasta unos 4000 millones de pesos, que se irán actualizando. Es decir, se multiplica por más de 25 el monto de las multas más altas. 

El caso Prisma 
El primer sector investigado por la CNDC fue el procesamiento de pagos de tarjetas de crédito, dominado por Prisma, licenciataria de VISA en el país y propiedad de 13 de los bancos más importantes del país. En septiembre de 2017, la CNDC aceptó el plan de Prisma para desarmar su posición dominante. 

El acuerdo obligó a sus accionistas a vender el 100% del paquete accionario, bajar las comisiones para el procesamiento de pagos con tarjetas de crédito y de débito e incluyó diversos compromisos para romper la integración actual y facilitar el ingreso de nuevas empresas en este mercado. 

Cuando se concrete, la venta de Prisma será la adquisición más grande de América Latina este año. 

El acuerdo beneficia a los comercios, que ahora podrán ofrecer pagos con tarjeta en mejores condiciones, e, indirectamente, a los consumidores.

Más competencia, mejores precios 
Los organismos de defensa de la competencia en el mundo cumplen dos funciones principales. En primer lugar, penalizan conductas anticompetitivas. El tipo más grave tiene lugar cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo en no competir y ponerse de acuerdo para subir precios o repartirse mercados (lo que suele denominarse cartelización). En segundo lugar, buscan prevenir la concentración mediante el análisis de fusiones y adquisiciones. Es decir, pueden prohibir que una empresa compre otra para evitar que tenga una porción demasiado grande de un mercado, o puedan establecer condiciones para esa compra. 

Cuanta más competencia haya en un mercado más probable es que la oferta sea de mayor calidad y variedad y menores precios. Como muchos mercados no se forman así naturalmente, a veces hace falta la intervención del Estado para garantizar o mejorar la competencia. 

Mercados competitivos y transparentes ayudan a que surjan nuevas empresas y a potenciar la innovación necesaria para que la economía siga creando empleos: un productor monopólico no tiene incentivos para mejorar, para innovar, para ofrecer a los consumidores más y mejores productos. Para tener una economía desarrollada que reduzca sistemáticamente la pobreza hace falta un buen servicio de defensa de la competencia.