La Voz del Pueblo Digital · Editorial "Conceptos" – Diego M. Jiménez domingo 20-06

Si bien la definición de democracia puede ser interpretada de variados modos, hay consenso académico, al menos en Occidente, en que es un régimen político que tiene un conjunto de reglas y procedimientos que determinan cómo se accede y cómo se ejerce el poder una vez que este se posee. 

Poliarquía es el nombre que le dio el politólogo norteamericano Robert Dahl (1915-2014) a las democracias en donde conviven millones de personas y en donde la variedad de modos de vivir, de sentir, de creer y de entender la o las culturas, sumada a la convivencia de distintas minorías y múltiples intereses como personas existen, conforman el paisaje de la vida en conjunto. Es por ello que definió reglas mínimas, requisitos imprescindibles para que un régimen se pueda denominar democrático. Las reglas que estableció y que se consideran parte del consenso en torno al sistema del que hablamos, son las siguientes: derecho a voto; derecho a ser electo; derecho a los líderes a competir por el voto popular; elecciones libres y justas; libertad de asociación; libertad de expresión; libertad de prensa y que las instituciones públicas dependan del voto popular. 

Una mirada desapasionada de la vida pública de nuestro país concluiría que la Argentina cumple dichas reglas. No hay duda de ello. Sostener lo contrario es confundir subjetividad y opinión con objetividad y vida concreta, fáctica de las instituciones. Luego, claro, están nuestras visiones en torno a cómo hacer más perfectible y más sustantiva esa vida democrática, qué mejorar, qué profundizar positivamente de ella y qué descartar. Sobre todo los rasgos autoritarios que conforman nuestro modo de hacer política desde los comienzos (y antes) de nuestra vida independiente. Rasgos que Juan Bautista Alberdi tuvo bien en claro a la hora de prescribir la forma constitucional del país: un Poder Ejecutivo fuerte, pero a la vez controlado por un Poder Judicial y un parlamento en donde sean representados el pueblo de la nación y las provincias. Es parte de nuestra cultura política y es transversal a ella, nuestra preferencia por liderazgos fuertes. Mal que nos pese, lo fue siempre. 

Nos detenemos en estas conceptualizaciones porque vemos con preocupación cuando se define al país, desde la voz de dirigentes que ocupan o han ocupado cargos relevantes, como una autocracia que limita las libertades ciudadanas. La alarma es mayor cuando definiciones como esta provienen de medios de comunicación con gran llegada nacional. Medios en donde la información de los hechos y sucesos se confunde con la opinión de manera constante, contribuyendo a la desinformación de la población. Esto ocurre, nobleza obliga, tanto en medios favorables como contrarios a la actual administración. 

La crítica a los gobiernos debe ser severa, constante, un contralor institucional imprescindible desde la prensa y la oposición. Pero no debe partir de presupuestos falsos, que no se sostienen en ningún análisis serio desde el punto de vista argumental y real. El daño que esto le hace a la vida democrática argentina es muy grande y ese debería ser el límite de cualquier y necesaria crítica. 

La vida pública nacional requiere dirigentes y medios de comunicación con responsabilidad institucional. Y esto supone someterse a las reglas que los constituyentes establecieron en 1853 y en las sucesivas reformas que le siguieron a ese año seminal. Reglas que establecieron un régimen como el que vivimos, plural y democrático, con imperfecciones, deudas, rasgos autoritarios y vacilaciones, pero poliarquía al fin. 

No se trata de ser condescendientes ni ingenuos. Tampoco cínicos ni falaces. Por suerte, siempre, los grandes intelectuales propios y de otras latitudes, nos ayudan a entender mejor nuestro presente y lo que somos, tomando distancia de la realidad pantanosa que muchas veces se nos presenta desde distintos ámbitos, haciéndonos olvidar de las buenas cosas que hicimos como sociedad en los un poco más de dos siglos de vida independiente.