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Concejo: La Comisión de Familia debatió sobre el cupo laboral trans

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Ayer, desde la Comisión de los
Derechos de la Familia del Concejo
Deliberante se envió una nota
al área de Recursos Humanos de
la Municipalidad con el fin de
que dicho departamento de la
comuna informe a los concejales
con respecto al cumplimiento del
cupo laboral trans en dependencias
municipales. 

El tema se debatió ayer en el
marco de la mencionada mesa de
labor legislativa. Fue luego de que
la semana pasada integrantes del
Colectivos Travestis, Trans y No
Binaries presentaron en cada uno
de los bloques una nota en la que
reclamaron por el cumplimiento
del uno por ciento del cupo laboral
trans en la Municipalidad. Hasta el
momento, y desde abril pasado,
sólo una persona que pertenece a
dicha comunidad fue incorporada
al sector público en el marco de la
normativa. 
La presidenta de la Comisión de
los Derechos de la Familia, Andrea
Montenegro, explicó que “a fin
de abril se incorporó como parte
de los empleados públicos a una
persona transgénero. Entonces, lo
que nos pidieron fue el apoyo para
que se cumpla con el cupo laboral
del uno por ciento, que serían entre
15 y 17 personas pertenecientes al
colectivo, si es que se quiere cumplir
a rajatabla con lo que dice la
ordenanza y la ley”. 
A su vez, en la reunión de ayer,
se debatió sobre el cumplimiento
del cupo laboral de discapacidad, lo
que implicaría un cuatro del total
del personal de planta municipal. 
Sobre el cierre, la concejala del
Frente de Todos manifestó que
ayer se trató en la comisión otro
proyecto presentado por el espacio
que integra, y sobre el cual se han
dado escasos avances. “Tiene que
ver con la ley Micaela. Estamos
esperando pacientemente que el
bloque de Juntos por el Cambio
y el vecinalismo puedan repensar
su postura. Una vez más quedó el
debate abierto. Tendremos que
ver qué modificaciones quieren
plantear”, dijo la edil. 
En ese sentido, Montenegro se
refirió al proyecto que presentó
el espacio que integra. “Es una
ordenanza que va a reforzar la
lucha por la violencia por razones
de género. Más allá que existe una
ley, consideramos un gesto político
armar una ordenanza. Es para darle
una forma al Departamento Ejecutivo
sobre cómo implementarla,
pero parece que tiene bastantes
resistencias”.
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