La Voz del Pueblo Digital · "Experimento" Editorial Diego M. Jiménez – Domingo 26-09

El gobierno argentino reorganizó su gabinete, luego de una semana que reflejo el impacto del resultado electoral en sus principales figuras. Parece innecesario mencionar que los efectos de ese cimbronazo político son propios de la naturaleza de la disputa por el poder. Pueden ser más o menos exteriorizados por sus protagonistas, pero existen. No ponen en peligro el sistema institucional dado que el diseño y articulación del mismo, contempla la variación regular en la composición de sus poderes, el recambio de funcionarios y la potestad del Poder Ejecutivo, en un sistema presidencialista como el nuestro, de remover cuando lo crea conveniente sus ministros y colaboradores más cercanos. 

Las visiones apocalípticas son parte del juego y obedecen a la dinámica de la competencia electoral, pero no son síntomas de la debilidad de un sistema. Visto en la perspectiva del tiempo transcurrido desde 1983 a la fecha, la vida institucional de nuestro país ha sorteado con solvencia crisis agudas como la del 2001. 

Quizá, ese año y el que le siguió, haya sido el más dramático en términos económicos e institucionales de la historia presente. En esos meses la República resolvió la crisis política dentro de sus mecanismos constitucionales. 

Pero la coalición gobernante crujió y al hacerlo, exhibió los defectos congénitos a la excentricidad de su composición. La Argentina tiene una larga tradición de intentos de control de la sucesión presidencial. El Roquismo, a fines del siglo XIX, es el ejemplo por antonomasia, en el contexto del denominado régimen conservador. 

Otros, de manera diversa y en coyunturas disímiles, buscaron lo mismo: Yrigoyen designo a M. T de Alvear como sucesor; Perón ungió a Campora para luego acceder al poder; Duhalde luego de fallar con Reutemann y De la Sota, eligió a Kirchner y a este último, lo continuó su cónyuge, alguien con peso político propio. A pesar de esto último, el caso no deja de ser un ejemplo de lo que estamos describiendo: la tentación de control sucesorio atraviesa la historia política del país. 

 

La particularidad del 2019 es que la que tenía más votos, pero no le alcanzaba para ganar, designó a otro, que le terminó aportando el faltante de sufragios que le permitió acceder al poder nuevamente. Lo terminó haciendo, para ocupar una hasta ahora irrelevante, en términos ejecutivos, vicepresidencia. Si el tándem en la cúspide gubernamental, fuese el resultado de un poder parlamentario al estilo europeo, no habría nada nuevo. Solo los vaivenes más o menos inestables que acostumbra tener el parlamentarismo. Pero no es el caso de lo que ocurre en el país. Lo nuevo es que esta modalidad sui generis se estructura dentro de la arquitectura de un sistema presidencialista, en una nación con una fuerte tradición en liderazgos ejecutivos. 

La supervivencia de un poder como este, dependerá de la vocación de acuerdo de los miembros de una coalición asimétrica. La primera prueba de esa inclinación acuerdista parece haber sido superada. Cada parte del grupo gobernante tuvo en claro que sola no sobrevive. Esa cláusula gatillo vital, funcionó como factor de unión en estos días. Noviembre será otra prueba, pero con una experiencia previa, nada hace imaginar una partición de la alianza que administra el país. Y esto nada tiene que ver con el análisis favorable o no a su gestión de gobierno. Obedece a una lógica razonable de conservación del poder lícita y esperable de cualquier gobierno, en este caso, frente un revés inesperado. 

La dinámica que pretende mostrar el gobierno está pensada para el mediano y el largo plazo. Es decir, está razonada con los ojos en el 2023. Si parte de sus efectos mejoran los porcentajes de votos propios en noviembre, mucho mejor para sus expectativas. Pensar que estamos observando un movimiento cortoplacista, es un análisis que puede ser inexacto. Aún, con una nueva reforma del gabinete pos elecciones generales y con una sucesión de actos y decisiones de apariencia o netamente electorales. Algo razonable, si pensamos que transitamos unos meses de campaña electoral. 

Es claro que el presidente, en este escenario aparece débil, pero con la particularidad de que la coalición gobernante lo necesita para su propia supervivencia. Eso, en términos políticos, constituye una fortaleza que bien usada puede reposicionar su lugar dentro de un elenco gobernante diverso y poseedor de vértices con peso y relevancia propia. 

Estamos frente a un experimento político nuevo que se enlaza de manera original en la larga tradición presidencialista argentina atravesada en distintos momentos por una vocación de control sucesorio. Si esta nueva faceta mejorará la alicaída realidad argentina y si sus reacomodamientos serán favorables para ello, es otra discusión. De momento estamos siendo testigos de un proceso institucional no del todo ajeno a la historia política del país, pero singular en cuanto a la distribución del poder en la cúspide de la República.