La Fiscalía mantuvo sin cambios la acusación que formuló a lo largo de toda la instrucción de la causa contra los camioneros Mario y Juan José Rodríguez, quienes llegaron detenidos al debate en el que están imputados de “asociación ilícita, coacción, extorsión, tenencia ilegal de armas y amenazas”. En tanto, la defensa de los acusados, adelantó que tratará de probar que sus clientes no cometieron los hechos que se le imputan y pedirá su libre absolución.
Para ello, tiene previsto citar a un centenar de testigos que posiblemente comiencen a desfilar mañana ante la jueza subrogante del Tribunal Oral Criminal, la doctora Daniela Castaño, quien ayer comenzó a escuchar los primeros catorce testimonios alrededor de las 11 de la mañana en una jornada que terminó pasadas las 19.
Fue una jornada atípica en el edificio judicial de 25 de Mayo 160, donde un singular operativo compuesto por 44 efectivos policiales de la Comisaría Primera y Caballería se encargaron de garantizar la seguridad en la zona ante el temor manifiesto a posibles desbordes que puedan darse por parte de manifestantes que acompañen a los imputados a lo largo del juicio.
Sin embargo, no se registró ningún tipo de incidente, ni en el hall de entrada, ni en las inmediaciones al edificio judicial que, en este marco, ayer permaneció cercado (y también continuará hoy) con cortes en la calle 25 de Mayo y sus intersecciones con las calles Betolaza e Hipólito Irigoyen.
Al mismo, por motivos que oficialmente no se dieron a conocer, no se permitió el acceso a la prensa al recinto del debate que supuestamente era oral y público, como así también a familiares de los imputados.
En ese sentido, circularon diferentes versiones para justificar la ausencia de periodistas en la sala, aunque ninguno que oficialmente explique la razón de esta inédita decisión, solo vista en debates con injerencia de menores de edad.
¿Un reclamo gremial?
Tal como se supo desde los inicios de la causa, en septiembre de 2021, cuando detuvieron a los hermanos Rodríguez y otros dos camioneros que, casi diez meses más tarde, resolvieron su situación judicial mediante un juicio abreviado; durante la primera jornada del juicio de ayer, la Fiscalía, a cargo del doctor Gabriel Lopazzo, sostiene su acusación en dos líneas principales.
Por un lado, la supuesta existencia de un deseo de los imputados por usar un reclamo gremial para beneficio propio con la logística de Maltería Quilmes, que hoy realizan empresas de transporte de Tres Arroyos como Di Vito y Manantial, y, al mismo tiempo, posicionarse con fuerza como referentes de Autoconvocados. En este último punto entra, según la acusación fiscal, la realización de un video donde “aprietan” a un camionero que no habría acatado una orden de detenerse.
En tanto, la defensa de los imputados, sostiene que sus representados sólo encabezaban un reclamo gremial y que no cometieron los hechos que se les imputan.
En principio, en el juicio se prevé que declaren más de 160 testigos, aunque ayer apenas declararon 14 de los 15 previstos (uno fue desistido) y, si la Fiscalía hoy logra recibir los 15 testimonios que tiene programados, sólo quedarían alrededor de un centenar de declaraciones más por parte de la defensa, a cargo de los doctores Leonardo Gómez Talamoni y Maximiliano De Mira.
El horario de inicio del juicio para la jornada de hoy está previsto para las 9.30.