Desde la Asociación de Productores recurrirían a la justicia al considerar que el municipio cobró de manera obligatoria el canon, sin que fuera aprobado por el Concejo Deliberante porque “lo recaudado no se vio reflejado en mejoras sanitarias”. Por su parte el intendente Santillán explicó porqué ordenó el pago por decreto y aseguró que la inversión está la vista
Desde que en junio de 2022 el Concejo Deliberante no aprobó la prórroga para el cobro de la tasa de Salud en el distrito de Adolfo Gonzales Chaves, la decisión de sostener esa recaudación por decreto de parte del gobierno municipal es rechazada desde la Asociación de Productores que decidió recurrir a la justicia. Mientras la oposición y productores sostienen que no hubo contraprestación por ese pago, desde la comuna se asegura lo contrario.
“Es lo grave de esto”
“El Concejo (Deliberante) por amplia mayoría votó en contra de la prórroga porque no hubo resultados. Lo recaudado no se vio reflejado en mejoras sanitarias entonces rechazó el pedido del intendente”, explicó el presidente de la entidad ruralista, Matías De Velazco.
Además contó que “la tasa viene incluida en un ítem aparte dentro de la tasa vial. Para no pagarla tenés que presentar una carta –no te dicen que es voluntaria- pero si no la querés pagar tenés que presentar una nota diciendo que optás por no pagarla y ahí no te la cobran. Hay gente que no se entera y paga todo directamente”, describió el dirigente del campo chavense.
Para De Velazco al dejar la tasa como optativa el municipio lo comunica “de manera no muy clara”. Dijo al respecto que “no se puede cobrar una tasa sin el aval del Concejo Deliberante, es el principio básico del funcionamiento de la Argentina, el equilibrio entre los tres poderes, es lo grave de esto”, sostuvo.
Consultado por una posible presentación ante la justicia, indicó que “ya es una decisión”, y que se encuentra en manos del asesor legal de la entidad el abogado tersarroyense Juan Pablo Borioni.
“Gasto corriente,
recurso corriente”
recurso corriente”
Por su parte el intendente chavense Eduardo Marcelo Santillán (FdT) entiende hasta ahora que la asociación “no está diciendo que va a ir a la justicia, sino un planteo a nivel administrativo y con un acuerdo para que consultemos a la Asesoría General de Gobierno y al Tribunal de Cuentas”.
En contraposición a las afirmaciones de De Velazco, Santillán asegura que la inversión en salud desde el municipio es un hecho que está a la vista.
“Se está construyendo el edificio del tomógrafo, gente de localidades vecinas van a hacerse quimioterapia a Gonzales Chaves, la planta de oxígeno está funcionando, la terapia intensiva también”, según precisó el mandatario.
“El 75 por ciento de la población paga la tasa, ve que el recurso está ahí, se puede ver, se puede comprobar. La sociedad está conforme”, agregó.
Y contó que de acuerdo a los valores fijos de 150 pesos por partida urbana y de 10 pesos por hectárea para las partidas rurales, “se recaudan 400 mil pesos por mes del sector urbano y 2.100.000 pesos del sector rural”, mientras apuntó como ejemplo que “una guardia activa de un anestesista – por diez días – cuesta 240 mil pesos”.
En cuanto a la decisión de sostener el cobro de la tasa, a pesar de no haber sido acompañado por el Concejo Deliberante, Santillán explicó que se decidió hacerlo “por decreto, porque el gasto es corriente y el recurso debe ser corriente” a los efectos de la ejecución del cálculo de recursos del año pasado, con la finalidad de evitar un déficit.
Recordó que se llegó a ese punto después de haber planteado el pedido de un aumento de la tasa en 2022. La tasa fue aprobada en 2021. “No se llegó a un acuerdo, entonces se estableció continuar con los mismos valores aprobados por el Concejo Deliberante y mayores contribuyentes hasta abril de 2022 para renegociar el valor. En abril no se prorroga y lo hacemos por decreto, y en 2023 lo establecimos en forma voluntaria; siguen siendo 150 por partida urbana y 10 pesos por hectárea para las partidas rurales”, comentó Santillán.
El intendente chavense repasó que la tasa surgió por una decisión del gobierno municipal, después de atender históricamente requerimientos de salud pública articulando con la ciudad de Bahía Blanca.
“Nuestro hospital no tenía planta de oxígeno, no tenía camas de terapia intensiva, tenía un solo quirófano y no teníamos servicio ni de oncología, ni de laparoscopía. Considerábamos esenciales esos servicios para los habitantes del distrito y los que ocasionalmente van”, expresó.