Un nuevo aspecto surge del expediente puesto que entre las actuaciones no está el número de teléfono del “llamante”, de la persona que se supone “denunció” que estarían usurpando un terreno en la dirección antes mencionada. Consta en el expediente registro del libro de guardia del 147 (Centro de Monitoreo), que informa el apellido del denunciante. 

En la testimonial que presentó en el expediente la directora de prevención Ciudadana, Catalina Loza, menciona que solicita la actuación de la policía tras un llamado al 147 de un ciudadano al que identifica con su apellido y no con su nombre. “Se recibe un llamado al 147 donde se informa que el ciudadano Swaels -es el “llamante”- denuncia que en Rondeau 1570 hay usurpado un terreno razón por la cual se pone en conocimiento de las autoridades”, texto que también confirmó Lopazzo como dichos de Catalina Loza.
También hay una carta de los llamados que se acompaña en el sumario del número de Emergencia 147 que expresa: “en el libro de guardias consta un llamado de Swaels informando que en Rondeau 1550 estarían usurpando terrenos y el oficial Petri modula…”, por lo que el fiscal a cargo de esta causa corroboró que “eso es lo que está en el sumario”. 

Hay otra causa judicializada como investigación penal preparatoria 1720/17, caratulada “Municipalidad de Tres Arroyos contra…” y el apellido de tres familias residentes en otros lotes de la misma circunscripción que el terreno de Rondeau 1570. El título del expediente es “sobre usurpación de inmueble” y figura como denunciante “personal policial de Tres Arroyos”.
 

Consultados los funcionarios a cargo de la causa explicaron a LA VOZ DEL PUEBLO que se trata de un acta de procedimiento en la que la policía actúa por el “supuesto de comisión de ilícito”, puede ser o por una denuncia a Emergencias o por una observación directa del personal policial.

La causa se envió a mediación, cuestión que constató a este diario Adriana Clarat, a cargo del Centro de Asistencia a la Víctima. Las mediaciones son entre el damnificado, en este caso la Municipalidad, y el sospechado de haber ocupado el lugar denunciado como “usurpado”.

Se envió a constatar el estado de ocupación, luego se dio un pase a mediación y un despacho a través del que se pide a la Municipalidad que acredite sus derechos ante el inmueble que está “supuestamente usurpado”, que podrá ser un juicio de usucapión, un estado de ocupación legal, escrituras o algún decreto que de cuenta que son tierras de propiedad municipal. 

El 5 de octubre a las 10 horas se llevó a cabo la mediación entre un representante legal del municipio y una de las tres familias “sospechadas de ocupación”.
Otra cuestión que se investigó es que personal policial había estado en el lugar constatando identidades y las condiciones en las que cada familia ocupaba los terrenos mencionados. 

Se trata de 30 lotes, entre ellos hay terrenos propiedad de José Franco y que actualmente según el decreto municipal del 12 de noviembre del 2016, con el número 115/17 están en proceso de escrituración a favor del municipio con “fines sociales”.
Se supo que hace aproximadamente un mes, la policía se acercó en varias oportunidades a “sacar a los residentes del lugar”, aunque ante la presentación de boletos de compra y venta y explicaciones del caso no ejecutaron su intención. 

En contradicción con esta situación, el comisario Pablo Rigo, titular de la Policía Comunal, declaró a LU24 al día siguiente del desalojo de la familia Estrup que “dos familias pretendían instalarse en terrenos ubicados en Rondeau 1500 de nuestra ciudad, lo cual fue advertido por vecinos que dieron aviso inmediatamente a la policía. Los efectivos de la fuerza, solicitaron que presentaran la documentación que avalara la titularidad de las tierras y al no poseerla, los invitaron a retirarse. Estaban instalando una casilla en un predio del que no eran propietarios y con la colaboración de los vecinos que dieron aviso, concurrimos y se los invitó a retirarse ante la posibilidad de cometer un delito”.