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El Estado municipal afrontó en 2012 un grave problema habitacional que repercutió en la población que soportó la usurpación de sus viviendas. La ocupación ilegal de terrenos privados y públicos está en la agenda de la Secretaría de Desarrollo Social hace años.
Persisten asentamientos y compra-venta de terrenos con boletos que ante la Justicia no acreditan la propiedad de los mismos.
Con la famosa bloquera se esperaba que parte del problema de viviendas se solucionara, por lo menos así se planteó el proyecto ante las autoridades provinciales del área de Desarrollo Social. Sin embargo persisten asentamientos y compra-venta de terrenos con boletos que ante la Justicia no acreditan la propiedad de los mismos.
Aunque la Municipalidad ha emitido numerosos decretos con listados de lotes para su escrituración en la Asesoría General de Gobierno con el compromiso de utilizarlos con fines sociales, técnicamente tampoco los tiene debidamente acreditados como propios.
Las usurpaciones no fueron atendidas, tampoco hubo respuesta desde hace cinco años respecto a las familias damnificadas que habían sido sorteadas o elegidas por cumplir con las condiciones que se dispusieron para la adjudicación de las viviendas del Plan Plurianual.
El Estado municipal no ha proyectado planes concretos de construcción de viviendas con fondos propios y se ha negado sistemáticamente a través de sus concejales de tratar cualquier proyecto que tenga que ver con el tema. En la Comisión de Banco de Tierras se trabajó en la regularización de algunos terrenos y la cesión de los mismos a las víctimas de las usurpaciones de hace cinco años atrás.
El Concejo Deliberante tendrá el rol de controlar el cumplimiento de cada uno de los decretos promulgados por el Ejecutivo local y de velar por el objetivo dispuesto por éstos. Las usurpaciones no fueron atendidas, tampoco hubo respuesta desde hace cinco años respecto a las familias damnificadas que habían sido sorteadas o elegidas por cumplir con las condiciones que se dispusieron para la adjudicación de las viviendas del Plan Plurianual.
La actualidad mostró que las acciones realizadas pasaron por dar órdenes para que se actúe con violencia, algo que se contradice con la posición del intendente en 2012, cuando justamente no actúo para evitar episodios de estas características.
Será la Justicia o el Estado o ambos los que definan esta situación que estalló y debe solucionarse para que no existan ocupaciones y se resuelva la falta de viviendas de tantas familias.
Las usurpaciones
Las usurpaciones en Los Ranchos II se produjeron en enero de 2012, en la jornada posterior al sorteo de viviendas realizado el 10 del citado mes y año en el Salón Blanco del Concejo Deliberante. En tanto, las ocupaciones en Ruta 3 Sur son posteriores, si bien también ocurrieron en los primeros meses de 2012.
En todos los casos, se trata de construcciones que formaron parte del Plan Plurianual y esta circunstancia impidió que ingresaran los adjudicatarios, dispuestos mediante un sorteo -luego de cumplir diversos requisitos- o por entrega directa en situación de emergencia comprobada por la Secretaría de Desarrollo Social.
Cabe mencionar que durante las cálidas jornadas del mes de enero de 2012, algunas familias que habían salido sorteadas corrieron a la Secretaría de Desarrollo Social donde los funcionarios del Movimiento Vecinal les entregaron apresuradamente las llaves de sus viviendas -muchas de ellas sin terminar- para que fueran las propias familias quienes defendieran sus propiedades.
La tarde del día posterior al sorteo y los que siguieron fueron testigos del asalto que muchas familias realizaron al usurpar más de 40 viviendas, aunque algunas fueron devueltas y en los Ranchos II quedaron 15 habitadas en forma ilegal por personas que no resultaron favorecidas en los sorteos de enero, según informaba el municipio.
Aquellos que no se animaron o no llegaron a tiempo, se quedaron sin casa, y nunca más las recuperaron. En aquel momento se llevó a cabo un relevamiento, a partir de lo cual se dio por acreditada la usurpación. Todos los responsables fueron elevados a juicio y avanzaron en el Juzgado Criminal y Correccional local.
El intendente Carlos Sánchez dio la orden de no actuar con violencia, cuestión que la ex secretaria de Desarrollo Social declaró a La Nueva.: “La salida a esta situación será pacífica y apelando al consenso, a la política. El intendente (Carlos Sánchez) dio la orden de no recurrir a la fuerza pública y evitar la violencia para solucionar este tipo de problemáticas”, enfatizó la doctora Claudia Cittadino por esos días.
Se construyeron 424 viviendas correspondientes a los planes Plurianual y Federal en el distrito de Tres Arroyos. Fueron sorteadas 306 unidades en enero de 2012, antes de la usurpación. La necesidad habitacional de ese año comprendía a 626 familias y madres solteras inscriptas en la secretaría de Acción Social, que lo padecían con distinta gravedad.
La tarde del día posterior al sorteo y los que siguieron fueron testigos del asalto que muchas familias realizaron al usurpar más de 40 viviendas, aunque algunas fueron devueltas y en los Ranchos II quedaron 15 habitadas en forma ilegal por personas que no resultaron favorecidas en los sorteos de enero, según informaba el municipio.
A éstas se incorporaron las viviendas del Barrio Olimpo que, sin terminar, también fueron ocupadas de manera ilegal, haciendo un total aproximado de 80 casas en estas condiciones, tal lo declarado por concejales y funcionarios en esa oportunidad.
