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El director técnico del Hospital Pirovano, Gabriel Guerra, contó a LA VOZ DEL PUEBLO que después que una junta médica declarara “insano e incapaz” a Diego Nicolás Barrera de 41 años de edad, están “limitados” desde su accionar como equipo de salud para “garantizar cuáles van a ser los resultados”, si es dado de alta y vuelve a Copetonas donde estuvo a punto de matar a una trabajadora social.
Su delito quedó -para la Justicia- en calidad de inimputable. El 28 de agosto y sin mediar ni un intercambio de palabras se le tiró encima con un cuchillo a Laura Orellano, quien trabaja en la Delegación de Copetonas y fue ayudada por el delegado, Daniel Reynoso, para reducirlo y evitar que la mate.
Los “excede”
Guerra dijo a este diario que se trata de una circunstancia que “ya excede a nuestro sistema de salud”. De todas maneras dijo que instarán al curador legal del paciente psiquiátrico, que vive en Bahía Blanca y a los estamentos de la Justicia, para que los ayuden a encontrar la mejor herramienta.
“Así como esta persona hoy, que generó un hecho muy grave, no sabemos como dicen ustedes en el titular si lo puede volver a generar”, expresó sincerándose el doctor Gabriel Guerra.
Privación de la libertad
El facultativo explicó que “estamos atados de pies y manos por la Ley de Salud Mental que trata de ubicar al paciente en el lugar donde tiene apego”, que en este caso resulta ser Copetonas, donde Laura, sus compañeros y la comunidad no tienen cómo contener a una persona de estas características, tal como la víctima se lo expresara a este diario en la nota que publicaramos ayer.
Según Guerra, “dentro de lo que considera la Ley de Salud Mental en nuestro país, no sólo en nuestro distrito, hay ciertas cuestiones en las cuales es el Estado todavía no brinda las garantías como para poder trabajar”.
En este sentido puso como ejemplo que “hoy por hoy ya no existen más las instituciones de internación crónica, es decir esta Ley de Salud Mental avanza hacia la desmanicomialización. No hay ningún instituto que tenga pacientes internados en forma crónica. Tener un paciente una vez que está estable, medicado y tratado ya pasa a ser una privación ilegítima de la libertad”.
Ahí va a permanecer
En consecuencia planteó que el agresor de Laura Orellano aún se encuentra en el Servicio de Salud Mental “y obviamente a no ser que tengamos intimaciones, el paciente ahí va a permanecer, hasta que se encuentre el lugar más seguro”.
El responsable técnico del centro de salud público señaló que ahora “tenemos que avanzar con todos los estamentos que trabajan en colaboración con el área de Salud Mental, desde el punto de vista del ámbito de la Justicia para ver cuál es el mejor lugar” para realizarle un seguimiento al hombre que en cualquier momento puede ser dado de alta.
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