Un año y seis meses de prisión por contaminar con agrotóxicos una escuela

Si bien no fue un hecho aislado, ya que los ‘pueblos fumigados‘ de nuestro país son afectados por estos venenos todo el tiempo, es la primera causa de este tipo que fue elevada a juicio con un resultado que puede sentar un precedente que limite la práctica agropecuaria y ponga en jaque el modelo productivo que se basa en la utilización de agrotóxicos: el tribunal oral de Concepción del Uruguay condenó a un año y 6 meses de prisión en suspenso a los tres imputados. Se trata de un fallo histórico. 

Recordemos que en diciembre de 2016 tuvo lugar el primer juicio por homicidio por intoxicación con agrotóxicos, con un resultado lamentable por parte del Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya, que absolvió a Ricardo Nicolás Prieto, el horticultor responsable por la muerte de Santiago Nicolás Arévalo, un niño de 4 años, quien murió tras intoxicarse a causa del uso indiscriminado del plaguicida Endosulfán. 

En este caso, como explica el autor del libro Envenenados, Patricio Eleisegui, a partir de la denuncia presentada por la docente Mariela Leiva y desde la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, la Justicia hizo lugar al pedido de la fiscalía de responsabilizar al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez, al dueño del campo de arroz y maíz que contrató el servicio, José Mario Honecker (con empleo de productos químicos calificados como residuos peligrosos por la ley nacional Nº 24.051), y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti, por “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”, tras realizar pulverizaciones en los alrededores de la escuela en horario de clase.

En las zonas rurales del Litoral, del Norte y de Córdoba, abundan los casos de alergias, problemas respiratorios y neurológicos, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, o la muerte, como consecuencia de un modelo de agroproducción que hace uso indiscriminado de agrotóxicos como el glifosato. 

Otro caso que podemos mencionar sobre una escuela fumigada (abordado en ‘Envenenados‘) es el de Estela Lemes, la directora de la Escuela Nº 66 Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, un paraje cercano a Gualeguaychú, quien convive con dos químicos en su sangre (uno de ellos, glifosato), producto de una fumigación ilegal que le ocasionó serios problemas de salud, y la ART se niega a cubrirle los costos de un tratamiento intensivo. 

Por su parte, las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires también se unieron para luchar contra las fumigaciones y crearon la Red de Docentes por la Vida. En Buenos Aires también existen denuncias por fumigaciones aéreas con agroquímicos sobre escuelas, como en Marcos Paz, 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires, en una zona dominada por el monocultivo de soja transgénica. (ElFederal.com)