“En 2015 ya la Defensoría hizo una recomendación a la Municipalidad para que se adecue a los parámetros de los ruidos molestos, que la localización no era la adecuada y nunca lo contestó ese informe a pesar de las reiteradas ocasiones en las que desde la Defensoría se volvió a pedirlos”, contó la letrada quien precisó además que ahora con un grupo de vecinos reactivaron la denuncia y el organismo bonaerense volvió a pedir información. 

 García Christensen dijo además que la realización del Enduro debió haber contado, previo a su realización, con una declaración de impacto ambiental que -asegura- “no está hecha”. Y aclaró que lo que sí fue realizado es un estudio de esas mismas características pero hecho a pedido de GAPTA y llevado a cabo por la licenciada (bióloga) Andrea Taraborelli y la licenciada en Recursos Naturales, Analía Belaus. 

“Esa pista está en un lugar prohibido por la ley, porque en la primera cadena de médanos no se puede hacer absolutamente nada y menos semejante emprendimiento, o actividad, que cualquiera se da cuenta de los impactos negativos que tiene. Al lado de la playa, los ruidos, muy cerca de un monumento cultural como es el Faro. Es disparatado desde cualquier punto de vista legal y de sentido común”, sostuvo.
 

Pero acotó que ese estudio está en manos del gobierno municipal que en determinado momento apoyaba éste tipo de iniciativas como así también un proyecto de Paisaje Protegido. 

“Después abruptamente cortaron todo tipo de relación de información y de comunicación”, dijo la abogada. Y refrescó que en el mes de junio presentaron un pedido de información pública ambiental al municipio para saber en qué condiciones se encuentra la pista, si está concesionada y cuál es el marco legal que tiene su uso. 

Esa solicitud es apoyada desde la Defensoría y respecto a la evaluación de impacto ambiental aclaró que “tiene que hacerse con una audiencia pública” porque todo emprendimiento que sea susceptible de afectar el ambiente tiene que tener una participación ciudadana obligatoria. 

“Si vas a la Justicia y comprueba que no la tiene, declara nula cualquier autorización, es un requisito de la ley nacional ambiental”, afirmó García Christensen.  

Es en este contexto que la abogada especialista de Derecho Ambiental dijo a este diario que después de haberlo presentado a la comuna en el mes de julio “no le contestan ni al defensor ni a nosotros, así hoy yo estoy en condiciones de decirte que ésta pista es ilegal. Estoy segurísima que la concesión es irregular, el estudio de impacto ambiental no se hizo, y el OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible) que es el organismo que tiene que autorizar eso tampoco ha contestado nada, porque no hay nada. Eso se hizo así nomás”, sentenció. 

Y abrió varios interrogantes sobre la organización de la competencia: “¿quién es el responsable, y los seguros?, es una actividad riesgosa, si hay un accidente nunca se sabe quién está a cargo del evento, si es la Municipalidad o los organizadores”. 

En consecuencia, considerando que “están vencidos los plazos para la contestación de la información”, para lo que se requieren 30 días hábiles, “y como es inminente” la realización del Enduro en noviembre, vamos a hacer un amparo. La idea es impedirlo definitivamente. El recurso legal se presentará en Tres Arroyos. 

Para la abogada fue a fines de 2016 cuando el municipio se despegó de la ONG. Resultó extraño que la administración municipal había pagado hasta los pasajes de las profesionales que hicieron el estudio de impacto ambiental mientras tenían un proyecto de Paisaje Protegido. 

“Pero de repente instalaron la pista de cuatriciclos, y apareció la planificación costera del ex secretario de Obras Públicas, Eduardo Groenenberg, un proyecto que nadie entiende de qué se trata”, indicó García Christensen quien también cuestionó la legalidad de una ampliación urbana de Dunamar. 

La facultativa cuestionó también que “ni la pista de cuatricilos, ni la declaración de Paisaje Protegido es compatible con ampliaciones urbanas, ni con la planificación costera del ex funcionario que incluía caminos por la costa, peaje y balnearios. En un paisaje protegido no podes hacer eso y tener una pista de cuatriciclos”, tiró. 

Y agregó: “así que estimo que llegó un momento que era tan evidente toda la información que aportó la ONG que no se podía avanzar. O protegés el paisaje o…”. sugirió.  

 En tanto “las irregularidades en el manejo de costa” ya fueron notificadas desde GAPTA a varias autoridades del gobierno bonaerense. Los informes llegaron al OPDS, el Ministerio de Infraestructura, la Dirección de Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Gobierno que convalida la zonficación.  

 Sobre el cierre la letrada manifestó que la pista de cuatriciclos es “una de las tantas medidas que pedimos” en el contexto de la protección costera. Le suman el proyecto de los molinos de Reta del cual afirma “no hay información absolutamente de nada”. 

Cuestionan además el manejo de la albufera y las urbanizaciones en la zona medanosa del Faro. “Son todas cosas que ante la falta de información definitivamente creo que se maneja en un marco de ilegalidad e informalidad que llama la atención”.