Por Ernesto Martinchuk, periodista parlamentario
La alianza Cambiemos consiguió un abultado apoyo opositor para aprobar, -con 176 votos, a favor, una abstención, 0 negativos, el FPV no votó- los requerimientos de los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, que ordenaron la detención inmediata del legislador del Frente para la Victoria-PJ en dos causas por corrupción.
El oficialismo superó con holgura los dos tercios de los votos requeridos para desaforar a De Vido, que estuvo ausente, al igual que el grueso del bloque presidido por Héctor Recalde. El Frente Renovador de Sergio Massa, el bloque Justicialista de Diego Bossio y Oscar Romero, la izquierda y fuerzas provinciales concedieron su apoyo a la hora de la votación, que se produjo tras un debate breve, pero de alto voltaje.
“Los fueros deben existir para proteger la tarea parlamentaria, pero no para eludir la acción de la Justicia”, sostuvo Pablo Tonelli (Pro), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante un recinto semivacío. Sólo bajaron por el FpV-PJ la tucumana Miriam Gallardo, la chubutense Ana María Llanos y el sanjuanino Ramón Tovares. Más tarde lo hizo la rionegrina Emilia Soria, la única que votó a favor. “Debo reconocer que el pedido de tratamiento se ajusta a la ley”, admitió.
Hubo otras ausencias sugestivas, como las de los exkirchneristas del Movimiento Evita y los santiagueños del Frente Cívico conducido por el gobernador electo Gerardo Zamora. Los puntanos liderados por los hermanos Adolfo Rodríguez Saá, los cordobeses referenciados en Juan Schiaretti y los misioneros conducidos por Maurice Closs votaron con el oficialismo, al igual que el triunviro de la CGT Héctor Daer y los monobloquistas Alcira Argumedo (Proyecto Sur) y Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), entre otros.
De Vido será detenido con prisión preventiva en las próximas horas -trascendió que pasaría las primeras 48 horas en el Hospital Penitenciario de Ezeiza- a partir de sendos pedidos judiciales en las causas sobre desvío de fondos de la mina Río Turbio, e importación millonaria de gas natural licuado.
En la relativa a Río Turbio, explicó Tonelli, a través de distintos convenios “se contrató sin licitación a una universidad (la Universidad Tecnológica Nacional), que derivaba los fondos directamente a una fundación de la propia universidad, y allí el dinero desaparecía”. En segundo lugar, en cuanto al pago de sobreprecios en la importación de gas licuado, el macrista precisó que se generó “un perjuicio en las arcas del Estado de 6.995 millones de dólares, es decir, 1000 millones de dólares por año”, entre 2008 y 2015.
Hubo una sola abstenciòn, la del cordobés Juan Manuel Pereyra (Concertación-FORJA). “No están dadas las condiciones constitucionales de defensa en juicio, y no quiero ser cómplice con mi voto de violar la independencia de otros poderes”, argumentó.