Se plantó el INTA y por ahora la motosierra tiene que esperar
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El consejo directivo frenó la propuesta oficial que incluía despidos masivos y la venta de bienes clave del organismo
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria decidió este jueves suspender el avance del plan impulsado por el Gobierno Nacional, que proponía un ajuste drástico en el organismo. Este proyecto, presentado bajo el concepto de “modernización” por el vocero presidencial Manuel Adorni, incluía la venta de propiedades, estaciones experimentales y campos, además de una fuerte reducción de personal, con miles de despidos y retiros voluntarios.
La reunión, que se llevó a cabo en un contexto de tensiones sociales, con movilizaciones de sindicatos y trabajadores del INTA, concluyó sin consenso.
Los representantes de entidades ruralistas como la Confederación Rural Argentina, la Sociedad Rural Argentina y Coninagro, junto a delegados de universidades públicas, decidieron no someter a votación la iniciativa oficial, al considerarla “incompleta” y con consecuencias inciertas para el futuro del sector.
Mientras fuera del edificio se escuchaban consignas como “el INTA no se vende”, los consejeros solicitaron al Ejecutivo detalles más claros sobre el plan, que contempla una drástica reducción de la estructura del organismo. El Gobierno busca deshacerse de terrenos y edificios clave, además de prescindir de una parte significativa de los 6.450 empleados del INTA, en su mayoría profesionales altamente especializados.
Desde su creación en 1956, el Institituto potenció el desarrollo agropecuario y rural de Argentina, con una extensa red de estaciones experimentales y agencias de extensión que asisten a productores de todo el país. Los actores rurales advirtieron sobre el riesgo de desmantelar una institución clave para la competitividad del sector agropecuario.
Cómo sigue
A pesar de que el plan de ajuste quedó momentáneamente suspendido, no se descarta que el Gobierno intente reactivar la propuesta en el futuro. La resistencia de las entidades vinculadas al agro y la falta de acuerdo dentro del consejo directivo impiden por el momento la implementación de una medida que podría alterar significativamente el panorama científico y productivo de Argentina.
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