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Por Ernesto Martinchuk, periodista parlamentario
La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, presidida por Pablo Tonelli (Pro), debate sobre distintos proyectos que proponen que personas procesadas o condenadas por corrupción no puedan ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales.
Las iniciativas, que implican la modificación del artículo 33 de la Ley 23.298 -de Partidos Políticos-, corresponden todas al oficialismo. El texto presentado por la Silvia Lospennato plantea a prohibición para aquellas “personas procesadas por grave delito doloso contra el Estado”.
Mientras que, el proyecto de la radical Brenda Austin apunta a los “condenados por delitos de corrupción contra la administración pública” y el de su par Marcelo Monfort a quienes estén condenados “por delitos de corrupción” en general.
El temario incluye también otra propuesta, de la diputada Elisa Carrió (CC-ARI), que establece prohibir las precandidaturas y candidaturas de “condenados en juicio oral y público a penas privativas de la libertad y hasta ocho años luego del cumplimento de la condena”.
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