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Por Ernesto Martinchuk, periodista parlamentario
La Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto que castiga los actos de corrupción cometidos por empresas, que recibió apoyo del Frente Renovador y del bloque Justicialista, luego que el Senado le introdujera numerosos y profundos cambios al texto original.
La iniciativa fue aprobada por 144 votos a favor, seis en contra y 31 abstenciones, del Frente para la Victoria-PJ y un integrante del bloque Justicialista, el pampeano Gustavo Fernández Mendía. Así, Argentina dejó de ser el único país sin una ley de este tipo entre los que suscribieron a la Convención Anticohecho de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
“Veníamos arrastrando un incumplimiento de más de 16 años, desde que nuestro país se comprometió a regular la persecución de los delitos cometidos utilizando las personas jurídicas”, indicó al abrir el debate la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos.
La diputada radical aseguró que, de haber contado antes con una ley de estas características, “se podrían haber evitado nidos de corrupción”, entre los que mencionó los casos del yacimiento de Río Turbio, el programa Sueños Compartidos y la contratación de la constructora brasilera Odebrecht.
Daniel Lipoveztky, titular de la Comisión de Legislación General, se sumó a la proclama de Burgos.“Pensemos en Hotesur, en Los Sauces, en las empresas de Lázaro Báez…”, enumeró, y señaló que con esta ley “estamos dando un paso enorme en materia de lucha contra la corrupción”.
El diputado macrista aprovechó para reclamar al Senado la aprobación de la ley de extinción de dominio, al considerar que “es necesario recuperar lo que se robaron para devolvérselo a la gente”. En este sentido, puso como ejemplo el caso de Río Turbio, donde se acusa al exministro de Planificación y diputado suspendido Julio De Vido de causar una defraudación al Estado de más de 6900 millones de dólares.
El corazón de la norma consiste en sancionar los delitos contra la administración pública cometidos por empresas de capital nacional o extranjero. Puntualmente, se penalizarán los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.
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