El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires citó a declarar a los seis ex miembros de la Policía Local de Tres Arroyos en el marco de la investigación interna iniciada a raíz de la supuesta utilización de títulos secundarios apócrifos para ingresar a la fuerza informaron fuentes de esa cartera.
Los ex oficiales -imputados y desafectados de la fuerza- citados a declarar el venidero 24 de febrero y el 1 de marzo, son: Jorge Ezequiel Ostiza, Javier Curriunca, Hugo Walter Plaza, Mauricio Esteban Duchosal, Juan José Abinceta y el cadete 1°, Juan Cruz Apolonio Colantonio.
Es importante destacar que esta citación forma parte del procedimiento interno iniciado por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, luego de confirmarse la existencia de títulos apócrifos en los expedientes de los nombrados, y es totalmente independiente del proceso iniciado por al fiscal Verónica Vidal en el marco de una causa judicial caratulada, “uso de documento público falso”, (artículo 296 en función del artículo 292), pesquisa que, además, motivó la renuncia del ex secretario de Seguridad Ricardo Magrath, tras la difusión de unos audios que lo comprometerían y, por estas horas, están siendo sometidos a pericias a los efectos de constatar si son útiles para la causa.
La causa
Cabe recordar que LA VOZ DEL PUEBLO inició un trabajo periodístico en base a la posible existencia de títulos secundarios truchos presentados para acreditar el nivel secundario en el ingreso a la policía local. En principio se conocieron cinco documentos apócrifos, pero mientras que avanzada la investigación periodística y judicial, apareció un nuevo título falso que pertenecía al hijo de un ex secretario de Seguridad.
La denuncia anónima que daba cuenta de la existencia de éstos títulos la recibió la Fiscalía en agosto, momento en el que comienza la recolección de pruebas y posterior llamado a declaratoria.
Si bien este diario llamó a cada una de las instituciones aludidas en los documentos denunciados, y comprobó empíricamente la falsedad de los mismos, la Justicia hizo lo propio ante los estamentos correspondientes.
La UFI N° 6 a cargo de la doctora Verónica Vidal envió al Ministerio de Seguridad y a Asuntos Internos -institución dependiente del mismo- todos los oficios con la documentación remitida por cada una de las escuelas y colegios que figuran como quienes acreditan las calificaciones y terminalidad del secundario de los policías involucrados en la causa que se conoció en los medios nacionales como “los politruchos”.
Las instituciones educativas niegan haber expedido títulos de secundario a los efectivos denunciados. Cada una de ellas envió a la fiscal Verónica Vidal documentación que avala sus informes, la que fue remitida al Ministerio de Seguridad por la funcionaria. La declaración espontánea de los oficiales implicados en la causa así lo confirmaron. La información que daba cuenta de la amenaza propinada por Magrath al jefe de la Academia, Christian Palacios, derivó en la imputación del ex funcionario por coacción y perturbación a un acto funcional.
En cuanto a la existencia real de los audios, desde la comuna se encargaron de negarla o ponerla en duda. El jefe de Prensa municipal, Javier Kristensen manifestó que se desconfiaba de la procedencia y el origen de los audios publicados. Y según pudo averiguar LA VOZ DEL PUEBLO el informe de esos audios ya estarían y la división de acústica de la Policía Federal develará la autenticidad de los mismos.
Actuaciones
Guillermo Berra es el auditor general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, asumió hace un año con un desafío, disciplinar y controlar. En entrevista exclusiva con LA VOZ DEL PUEBLO explicaba que “la investigación por parte de Asuntos Internos sigue, lo judicial irá por ver si hubo venta de títulos truchos, incumplimiento de funcionario público -que son quienes te lo dan- quienes son, si hay una organización delictiva mayor, si hay connivencia con el poder político. Mi trámite -agrega Berra- es exonerarlos de la fuerza y que no sean más policías. Todos tienen que hacer sus descargos, su defensa un debido proceso que administrar. Hay un tema jurídico en los dos frentes, allá por el delito y acá porque no van a querer dejar de ser policías. Si los termino exonerando obligo al fiscal a tomar otra decisión al respecto y viceversa, de ahí un laburo en conjunto. Las investigaciones las trato de tener lo más avanzadas posibles para poder comunicarlas para que los fiscales la tengan más fluidas y puedan intervenir”, explicó.
