El estacionamiento medido digital tiene una semana en funcionamiento. Según datos oficiales ha tenido una importante cantidad de adherentes. Y el tema sigue dando que hablar especialmente entre referentes de la oposición.
Fabián Boue, titular de la empresa DBIT Solutions S.A, oferente que realizó un pedido de impugnación a la licitación de estacionamiento medido digital, recordó que fundamentaron la misma en “las fragantes e inaceptables falencias, que fueron evidentes en la apertura de los sobres N° 1 de la oferta presentada por la Asociación de Apoyo a la Facultad Regional de Concepción del Uruguay, en donde en ningún lugar explican metodologías que aseguren que los sistemas presentados cumplan con lo reglamentado en los decretos referidos a la cuestión. Ni lo reglamentado en el Código Penal, ni en el Régimen Penal Tributario, y en las Leyes de Tránsito, lo que los hace no sólo irregular al sistema presentado, sino que además se corre el peligro de actuar violando derechos constitucionales de los usuarios del estacionamiento medido, con las graves consecuencias que esto puede acarrear”.
Errores
El referente de la empresa DBIT Solutions S.A manifestó que “el controlador chequea una patente, y cuando encuentra un vehículo que no registra crédito, debe el sistema avisar a un inspector para que se dirija a hacerle la multa al vehículo, con el riesgo que dicho vehículo se vaya antes que llegue, impidiendo que se labre una infracción. Hacerlo sólo por el alerta de la patente constituye una estafa”, expresó.
En cuanto a lo que fija la ley al respecto, el empresario estimó que “se podría estar frente a un delito al no cumplir con los procedimientos que marca la ley, o sea el inspector debe estar físicamente frente al auto para realizar la multa, tal lo exige la norma vigente”.
Además, marca que hay posibilidades de “perderse de hacer la multa si entre que se lo identifica y llega el inspector, el vehículo se retira sin pagar y sin multa. Y lo más grave es tener que distraer inspectores, que deben estar para paliar los graves problemas de accidentes de tránsito que hay en la ciudad y prevenirlos, cuando el otro sistema solucionaba todo, dándoles a los controladores la autoridad procesal de poder labrar ellas mismas las actas en el mismo momento de identificar vehículos con falta de pago sin necesidad de distraer inspectores de su tarea principal”.
Viveza criolla
La empresa DBIT Solutions S.A impugnó y presentó ante el Tribunal de Cuentas una denuncia contra el municipio por cuestiones referidas a la forma en que se llamó a licitación fundamentadas en la documentación que consta en la presentación efectuada ante el organismo de control.
El referente de la empresa expresó que “me llama la atención las declaraciones del mismo secretario de Seguridad, que explica como una ventaja el hecho de que se puede dar un beneficio a favor de la gente en el inteligente si el controlador ya pasó por donde estacionás y te vas antes, eso no te costó nada. Con lo cual el tema de la igualdad, equidad, se pisotea, bastardea. En otras palabras exhorta a si sos vivo no pagás nada y el que paga se durmió”, fustigó.
Irregularidades
En cuanto a los fundamentos de la denuncia presentada la empresa manifestó que “las irregularidades administrativas son enormes, desde la ordenanza que salió después de la licitación, algo legalmente aberrante. No había ley, ordenanza ni decreto que habilitara la licitación, haciéndole creer a los oferentes que sí se habían hecho los cambios en la ordenanza, lo que hace un vacío legal al funcionamiento. No lo hace válido porque no tiene una norma u ordenanza que lo respalde al momento de hacer la licitación, informándonos que ya la habían modificado, según se puede ver en los mails que recibimos”.
“Según Werner Nickel -continúa el vocero de la empresa platense- llegaron al 1° de febrero después de haber cumplido con todos los pasos de la licitación, lo que no es totalmente cierto, ya que están aún abiertas y en proceso denuncias administrativas a nivel provincial, con firmes fundamentos de irregularidad, sobre la licitación, las cuales pueden desembocar en irregularidades administrativas y causas penales que traerían graves problemas al municipio, por lo que dicha afirmación debería, al menos, tomarse con más precaución y responsabilidad”, enfatizó.
Por último, Boue indicó que en noviembre del año pasado le enviaron una nota a la gobernadora dando cuenta de la situación.
