La Justicia argentina dipuso recientemente la prisión preventiva para el general César Milani por haber participado de la detención ilegal de dos personas y desaparición forzada de un tercero durante los años de dictadura militar.
Durante su mandato, Cristina Fernández de Kirchner no dudó en promoverlo como oficial del Ejército especializado en tareas de inteligencia, a la más alta jerarquía. También lo nombró primer jefe de la inteligencia militar, y luego Jefe del Estado Mayor del Ejército, en 2013.
a entonces presidente fue indiferente, durante años, a las reiteradas acusaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos contra Milani, ya que él la abastecía de información sobre la oposición, según publicó Total News. La misma provenía de una estructura ilegal de inteligencia paralela, aun cuando la Ley de Defensa Nacional veda a los militares realizar tareas de inteligencia interior.
Hoy diversos protagonistas de los años de la “fiesta de corrupción kirchnerista” están encarcelados. También está detenido el ex empleado bancario devenido en empresario, Lázaro Báez.
Durante los años del gobierno kirchnerista, la fortuna del empresario patagónico creció exponencialmente gracias a los contratos para la construcción de obras públicas adjudicadas por sus amigos y socios Néstor y Cristina.
La justicia dispuso la prisión preventiva de Báez mientras lo investiga, a él y a sus hijos, por enriquecimiento ilícito.
Además se encuentra en prisión preventiva el ex secretario de Obras Públicas del ministerio de Planeamiento a cargo del arquitecto Julio De Vido, y diputado electo del Parlasur, José López. La justicia lo procesó por enriquecimiento ilícito.
El juez Gastón Mercau, de la provincia de Jujuy, por su parte, dispusola prisión preventiva de la dirigente indigenista Milagro Sala acusada de “asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión”, por la malversación de 29 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) destinados a la construcción de viviendas sociales.
En los primeros días de marzo deberán concurrir a los tribunales federales de Buenos Aires para brindar testimonio la ex presidente, su hijo el diputado nacional Máximo Kirchner y su hija Florencia para rendir cuentas de la realización de maniobras financieras poco claras con la empresa familiar, la inmobiliaria “Los Sauces S. A.”.
Actualmente, la justicia actúa con independencia y los procesos judiciales avanzan con mayor celeridad, señalando también a personalidades como Hebe de Bonafini o Luis D´Elía.
El kirchnerismo se victimiza y atribuye los problemas judiciales que enfrentan sus principales dirigentes a una persecución política impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.
Frente a esto, el kirchnerismo está llevando a cabo una campaña de desestabilización, agitando el ambiente con reiteradas marchas piqueteras cortando las principales avenidas del centro de la ciudad de Buenos Aires, pedidos de juicio políticos contra el presidente, impulsando la conflictividad laboral en aquellos gremios -como los docentes y los pilotos de las aerolíneas- donde ejercen la conducción y amenazando con un paro nacional contra el gobierno.
La semana del 6 al 10 de marzo será especialmente delicada para el presidente. El 6 y 7 de marzo los docentes de todo el país llevaran a cabo un paro impidiendo el inicio de las clases primarias.
El 7 de marzo, la CGT y el peronismo convocan a un cese de actividades por la tarde seguida de una marcha al centro porteño. Mismo día en que Cristina Kirchner debe concurrir a los tribunales para declarar por la causa de “Los Sauces”. Sus partidarios convocan a una concentración en apoyo a la acusada de corrupción frente al juzgado.
No se trata de acciones aisladas o de actitudes independientes de un sector de la sociedad sino de una verdadera “contraofensiva” opositora para presionar al gobierno e impulsarlo a intervenir ante la justicia para que se paralicen las causas y que ningún otro dirigente kirchnerista termine encarcelando.(Nexofin)
