El fiscal federal Carlos Rívolo investiga si la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, direccionó la compra de un edificio para favorecer a su ex esposo con una parte comisión por intermediación de más de 8 millones de pesos.
En el marco de una investigación preliminar, Rívolo pidió una serie de medidas de prueba para comprobar la denuncia sobre la adquisición de un inmueble para la jefa de los fiscales ubicado en la calle Teniente General Perón 667.
en esta causa, la también fundadora de la agrupación K “Justicia Legítima”, está acusada de los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y cohecho.
En diciembre del 2012, firmó el expediente A 8798/2012 que puso en marcha una licitación pública para la compra de un nuevo edificio para el ministerio público.
Como consecuencia del expediente se adjudicó la licitación a una empresa que ofreció un edificio ubicado en Alsina 872 de esta capital.
Pero sorpresivamente, el 28 de diciembre del 2012 mediante una polémica resolución -la 1022- Gils Carbó dejó sin efecto la licitación.
Las polémicas razones esgrimidas en esa resolución se deben a que esa licitación “excedería” el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.
Así afirmó que “habiendo vencido el actual ejercicio prespuestario, se carecería del financiamiento respectivo, con la consiguiente nulidad del acto de adjudicación que comprometería a este organismo a pagar sumas de dinero sin el respectivo respaldo presupuestario”.
Como consecuencia de esa extraña decisión, Gils Carbó tuvo que devolver al Gobierno 30 millones de pesos. “Esta arbitraria decisión provocó también un serio perjuicio para el dueño del edificio de Alsina 872, inmueble que estaba preadjudicado”, afirmaron los denunciantes.
Sin embargo, para los denunciantes la verdadera razón de la anulación de esa licitación “fue la adquisición de otro inmueble a valores muchos más altos y con el condimento de beneficiar a terceras personas en el negocio inmobiliario y a sí misma”.
La denuncia destaca que “Gils Carbó impuso como condicion a su ex esposo como parte del negocio, a modo de intermediario solapado”.
