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Basural, camiones y camionetas que tiren residuos tienen que pagar

Cada vez que se vierta en el basurero municipal residuos no domiciliarios de carácter no convencionales provenientes de obras civiles se deberá abonar una tasa dispuesta por la ordenanza 6717/14. Los residuos de la clase mencionada transportados con volquetes grandes y chicos, y los transportados por camioneta o por camiones pagarán un canon para ingresar al basural que oscila entre los $ 86 y $ 118 por carga. La ordenanza rige desde el 1 de enero de 2015 y está vigente desde ese momento, sin embargo las notificaciones de pago -incluso retroactivo- comenzaron a emitirse este año. La normativa contempla sólo los llamados residuos especiales (ramas, escombros, residuos de obras, chapas, entre otros similares).

Cada vehículo que quiera verter en el basural residuos de obras civiles, generados por limpieza de patios o terrenos, arreglo de viviendas, o cualquier otra basura que ingrese en esta categoría, tendrá que efectuar un trámite -aún no definido- para abonar lo que fija la normativa.

El sistema de control y acceso al predio surge del proyecto original de remodelación y cierre definitivo del basural a cielo abierto. Según LA VOZ DEL PUEBLO averiguó la idea es poner una cadena, una barrera y una cabina -con alguien que controle el ingreso de los vehículos mencionados- y se cobre a todos los vecinos que quieran volcar los residuos especiales en las diferentes cavas del basural.

Entre las posibilidades para llevar a cabo la logística proyectada y que los contribuyentes efectivicen el pago por cada viaje que realicen o cada volquete que ingresen al basural, el municipio propondría un sistema de ticket con código de barras como los estacionamientos de los shoppings. En el caso de los particulares podría funcionar un sistema similar al que se aplica al ingreso al vivero, talonarios numerados que después  generan una factura, “hay que determinar que es lo mejor, si el pago anticipado o pagar en el momento” manifestaron desde la Dirección de Políticas Tributarias, aunque será otro funcionario quien determiné esta cuestión.

Si bien la legislación rige desde 2015 y la práctica de llevar basura al predio de disposición final de residuos es habitual y constante, los vecinos de Tres Arroyos aún no han tenido que pagar por este “servicio” que presta el municipio. Los viajes realizados entre que la norma fue sancionada y el día de la fecha deberán abonarse, pero esto corre sólo para las empresas que se dedican al alquiler de contenedores, puesto que la aplicación de la ordenanza en igual sentido para los particulares no está contemplado.

Especialmente, porque no existe registro cierto de quiénes ingresaron, cómo y con cuánto cargamento desde el 1 de enero de 2015 hasta ayer al basural a volcar residuos especiales.

El cobro de esta tasa fue autorizado y sancionada por los ediles del Movimiento Vecinal en la sesión del día 22 de diciembre de 2014 por mayoría y ratificada sólo por sus mayores contribuyentes unos días después. La oposición no acompañó la medida ni la avaló con su voto.

El oficialismo argumenta que se tardó tanto tiempo para comenzar a cobrar al ingreso del basural porque se esperó a que funcionara la planta de reciclado y la disposición final de residuos. El predio está dividido en cavas diferentes que ordenan los espacios según los residuos a tirar, actualmente no se puede volcar basura en cualquier lado. Otro fundamento es que antes la gente tiraba la basura en cualquier lado y esa cuestión determinó para el Ejecutivo la necesidad de controlar el acceso al lugar. Como hasta principios de este año no hubo capacidad de resolver el problema se optó por no cobrar.

Un nuevo impuesto

Desde la Dirección de Políticas Tributarias no acuerdan en calificar a la tasa que se cobrará para volcar basura en el predio de disposición final de residuos como otro impuesto. Consideran que las empresas tiran en el basural más de 20 volquetes por día, a 600 pesos por cada uno, por lo que facturan 12.000 pesos por día a costa de todos los ciudadanos que con sus impuestos son los que pagan por el trabajo que se hace dentro del basural para acomodar los residuos especiales que tiran las empresas.

“Queremos cobrar cuatro litros de gasoil que es mucho menos combustible que el que gasta la pala cargadora que tiene que hacer ese trabajo, la suma es ínfima. No comparto esa postura, no es un nuevo impuesto”, determinó Ariel Sánchez, funcionario a cargo de la repartición.

“Lo que corresponde se debe pagar desde el primer momento” continuó, la ordenanza fiscal impositiva es la obligación que tiene todo ciudadano por el solo hecho de vivir en el partido de Tres Arroyos, el conocimiento de las obligaciones fiscales es personal, como las tasas de seguridad higiene o servicios urbanos.

Sánchez ejemplifica la situación diciendo que “Seguridad e Higiene es una tasa declarativa hasta las alícuotas que se declaran, eso está en la misma ordenanza que esta nueva obligación. Si no se conoce el tributo, es independiente de la existencia del mismo, la obligación de pagarlo es del ciudadano”, subrayó.

Notificaciones

En cuanto a las intimaciones que se envían desde el área de Políticas Tributarias, las constantes quejas por los términos en los que se redactan provocaron un cambio en la estrategia del director que determinó hacer llamados telefónicos, reuniones y explicar personalmente la situación de cada empresa que mantenga una deuda con el municipio,. “En el caso de Alvarado S.A, Corralón Alemani Aberturas y El Corralón lo he hecho de ese modo, aunque nunca determiné ningún monto a pagar. Ese fue un cálculo que hicieron los empresarios”, aclaró.

Sin embargo a los clubes de pesca se les envió la ordenanza que los obliga al pago de un canon, contra la presentación de una declaración jurada que informe la cantidad de inscriptos por certamen. “Si bien no hay ningún artículo de la ley que obligue a notificar, la justificación de esto es que como funcionario tengo que tratar que la ordenanza se cumpla y mi trabajo es ese, por eso se agotan los caminos posibles, porque si no se hace nada se incumple con la función pública, tengo que intentar por todos los medios de cobrarla. Es un caso similar a cualquier persona que no quiera pagar una tasa”, explicó.

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