Natalia Grisolia se reunió con los concejales de todos los bloques el jueves en horas del mediodía. La funcionaria, en uso de licencia especial hasta el 22 de marzo, describió detalladamente el proceso de su enfermedad y las circunstancias que atravesó. Ante la mirada atenta de los ediles, presentó sus argumentos por los que se opone a ser removida de su cargo como lo propuso el intendente Carlos Sánchez y el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, en un proyecto de ordenanza que elevaron para su aprobación en la primera sesión ordinaria. Una vez finalizado el encuentro, el cuerpo legislativo realizó la consulta al asesor letrado municipal Horacio Hid.
Tras la reunión con Grisolia, tomó fuerza la posibilidad de otorgar una licencia especial por otros 90 días con goce de haberes y la continuidad de la misma hasta fin de año, sin percibir el sueldo pero con todos los beneficios médicos. Finalmente, anoche esta propuesta fue aprobada por el Movimiento Vecinal y el Bloque Justicialista de Augusto De Benedetto, pero no tuvo el acompañamiento de los restantes bloques (Ver página 2).
Por su lado, la licenciada Grisolia solicitó que se respeten los tres meses de licencia que le otorgó su médica y que una vez finalizados se le reduzca el sueldo hasta que le otorguen la pensión por invalidez.
Razones económicas
Ante los concejales, Grisolia fue contando por etapas la conversación telefónica mantenida con el intendente Sánchez el miércoles por la noche. “Yo lo respeto muchísimo, pero nunca nadie se comunicó conmigo, él me dijo que no aguantaba más la situación económica y no me podía sostener más”, indicó.
Agregó que “Sánchez me dijo que era un tema de plata y que había una objeción del Tribunal de Cuentas”, aunque de éste último tema no se profundizó demasiado.
La reunión en el Concejo fue muy “dura”. Tanto desde lo que se ventiló respecto a la enfermedad de la directora administrativa del Hospital, como los momentos en los que se refirió a su conversación con el intendente Carlos Sánchez y circunstancias con las que no acordó en ejercicio de sus funciones.
La licenciada contó que la noche anterior (miércoles) a la reunión, se comunicó con el intendente Carlos Sánchez, quien le dijo “¡Ahora me llamás!”. Natalia destacó esta expresión porque en gran parte de la reunión trataron de dilucidar, si tal como el intendente le aseguró a sus concejales y a la misma Grisolia, él había intentado comunicarse con ella con anterioridad.
De esto la funcionaria municipal dijo que “conmigo nadie se comunicó, y si eso pasó fue cuando estaba internada, no podía atender el teléfono. Claudia Cittadino me preguntaba por Whatsapp cómo estaba, no recuerdo nunca haber hablado ni con ella ni con nadie. No tenía ni registrado el llamado, pero Sánchez me insiste en eso y después me dice: Vos tendrías que haber llamado.
Aseguró que “la única que se comunicó fui yo y le dije que presente el certificado de que soy una empleada. Y como él era mi jefe era al único que me remitía, no a Capellari”.
Hubo momentos tensos especialmente cuando Grisolia explicó las consecuencias de su enfermedad y los motivos por los que no puede trabajar en ningún lugar que no sea su casa. Muy angustiada la licenciada explicó que ella es responsable de sus actos y que siempre fue así; “quiero presentar el certificado médico y mientras averiguo los procedimientos para iniciar la jubilación por invalidez, quiero trabajar y quiero hacer una vida normal, pero padezco problemas funcionales, me voy a curar, pero no puedo cumplir horario porque tengo deposiciones diarreicas, traje la tomografía, estoy en condiciones de trabajar en casa, porque me puedo movilizar, pero no medicarme todo el día”.
Sostuvo que habló con el Tribunal de Cuentas y le explicaron que para este caso hay que aplicar el criterio de “razonabilidad” y encuadrar a un funcionario público como empleado de planta permanente.
Situación legal
Posteriormente, los concejales se reunieron con Horacio Hid, asesor letrado del municipio. “Por la legislación vigente la funcionaria no estaría en condiciones de estar pidiendo lo que pide, técnicamente si el intendente quisiera removerla del cargo puede hacerlo, pero si hay una cuestión humana, tanto el Ejecutivo como el legislativo pueden hacerlo”, explicó.
En cuanto a la posibilidad de que la Municipalidad llame a junta médica para que la licenciada pueda acceder al beneficio de una pensión por invalidez, explicó que “tiene la obligación de llamar a junta médica con cualquier empleado, pero no con los funcionarios políticos, no es empleada municipal. Si hubiera sido así, se pedía la junta médica, para los municipales tendría un año con goce de sueldo y luego si tiene el porcentaje de discapacidad para jubilarse puede hacerlo”.
Finalmente, concluyó que “si hay voluntad de equiparar el cargo de la licenciada con la de un empleado municipal es facultad de los concejales hacerlo, aunque legalmente no corresponde”.
Las diferencias que molestaron
En julio de 2016, Grisolia había señalado que “vi cosas que no me gustaron”. El jueves dio precisiones sobre las diferencias, en su descripción frente a los concejales. “Cuando el miércoles el intendente me dice que lo de la junta médica era un problema mío, le dije que si hablo de eso tengo que decir que cuando volví al Hospital habían tomado los fondos de terceros y ése sí era problema mío ante el Tribunal de Cuentas. Yo trabajé para ellos, no les pedí nada y les fui fiel dentro de mi ética, cuando mi ética no dio más le dije: Esto a mí no me gusta, no necesito ni quiero pasar por esta situación. Soy una persona que piensa que si el Ejecutivo todavía tiene mi firma en el Banco Provincia, entonces confían en mí o son muy desprolijos, por eso no es justo. Siempre fui por mis valores para adelante”.
Mediadores
Los concejales que oficiaron de mediadores con el Ejecutivo fueron Luis Aramberri y Guillermo Salim, quienes durante la reunión mantenida con Natalia Grisolia trataron de buscar el punto de equilibrio para que el problema sea resuelto. El concejal Julio Federico mantuvo su posición en defensa de la funcionaria y sus derechos ante la situación de enfermedad, como así también responsabilizó al Ejecutivo de llegar a esta situación. Los concejales Laura Aprile y Horacio Espeluse acercaron posiciones y propusieron el asesoramiento legal, entendiendo que si el Ejecutivo tramitaba la junta médica para Grisolia la pensión saldría con rapidez y la ayuda se vería concretada.
Graciela Callegari adoptó una postura de contención de la funcionaria y Augusto De Benedetto describió también su punto de vista sobre el caso.
