Señora directora:
Quiero ser políticamente incorrecta en este mensaje: el caso del asesinato de la joven Micaela, uno más y van… llama a la más profunda reflexión como ciudadanos, para abandonar definitivamente la comodidad de la indiferencia y pasar a ser partícipes activos para que un día no nos sorprendan las consecuencias de ser “correctos”.
Ningún destino tendremos como República si no tenemos una auténtica justicia, que significa jueces probos, responsables, humildes, sensatos, con sentido común, comprometidos con los más altos valores de la sociedad, con ojos vendados a las prebendas de todo tipo y color que seguramente les llegarán, y con los oídos bien sordos para no escuchar ni oír los famosos “alegatos de oreja”. Si aquellos que han tenido el honor de ser designados para ejercer tamaña responsabilidad no pueden sustraerse a estas premisas básicas, estamos en el horno y muy lejos de una República.
Podrán haber muchas falencias en los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y Legislativo, pero siempre estará el reaseguro de la Justicia que pondrá orden allá donde haya desorden. Pero a juzgar por lo que venimos viviendo día a día, lo que se publica y lo que no, estamos cayendo demasiado rápido y profundo en una carencia y laxitud en la administración de justicia que hace encender alertas por todas partes. De hecho, las estamos escuchando por todos los medios, y está bueno, para generar conciencia y propiciar un debate sano y fértil en busca de los cambios imprescindibles en el Poder Judicial o en el sistema de administración de justicia, si resulta mejor y más abarcativo.
Cómo es que un juez, dentro del marco de lo legal, porque así es, y con este sistema de la “sana crítica” con el que se manejan, puede desestimar sin más, los informes de los peritos y profesionales que son auxiliares de la justicia, que están para acercarle conocimientos a los que carecen, pero que, entre otras cosas, deberían tener para ejercer el cargo, y se amparan en la posibilidad del código de procedimientos que les permite desoírlos, porque simplemente los informes periciales no son vinculantes; entonces hay que preguntarse para qué esta rueda infernal del procedimiento que lleva tiempo, recursos económicos y esfuerzos humanos que quedan en el camino con el más absoluto convencimiento de que la Justicia no existe, que es una ilusión de los ingenuos, que hay que tener “padrinos” para obtener resultados. Porque que quede claro: no son vinculantes, pero aplicando la sana crítica y el sentido común, así como pueden desoírlos, pueden también oírlos. Los fundamentos para apartarse de ellos muchas veces son tan forzados como ridículos. Como ejemplo caso Micaela, sólo como un ejemplo.
Ello va inexorablemente a preguntarse: ¿cómo se evalúa la “sana crítica” de los justicieros, o sea, de aquellos que tienen a su cargo nada menos que decidir sobre la libertad, la vida, la muerte, y los bienes de los ciudadanos? La sana crítica va de la mano del sentido común y ¿quién nos protege cuando esto falla? ¿El doble control? ¿Los pesos y contrapesos? mmmmmm…
Los jueces y legisladores, éstos últimos ya deberían haber dado muestras que tienen ganas de trabajar en favor de los problemas que tenemos los representados, son empleados de los ciudadanos y nos deben explicaciones de sus actos. No son dioses y deben responder por lo que hacen, por lo que no hacen y también por sus errores. Pero los ciudadanos tenemos la obligación de observarlos cuidadosamente, para después no renegar de las consecuencias.
Creo que ha llegado el tiempo de tener mucho más cuidado en la selección de los jueces especialmente, con mayor visibilidad ciudadana, mayor control sobre los concursos.
La dignidad de un pueblo está en su capacidad de rebelarse frente a la injusticia, al maltrato, al autoritarismo, a la soberbia. Dejar de ser cómodos y políticamente correctos para pasar a ser auténticos ciudadanos. Hacerse oír, no pasar desapercibidos. ¿Si no para que la vida?
Para terminar le cuento que ayer nomás tomé un taxi en Buenos Aires y el taxista, con una indignación que me sorprendió, me dijo: “Señora, el juez que dejó libre al asesino de Micaela porque consideró que todos estaban equivocados y sólo él tenía la convicción de que era un hombre bueno para liberarlo, debe llevarlo a vivir a su propia casa, con su esposa y sus propios hijos y de ser posible que duerma en la misma habitación que duermen sus hijas, para demostrar que no estaba equivocado, y digno de ser juez. Esta debe ser la cárcel del asesino, la casa y la familia del juez, tomando, claro, los recaudos que él mismo redactó y firmó”. Me quedé pensando.
Elena C. Martínez de Pili
DNI 5.205.578
