Malestar por pensiones que se dieron de baja
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Varias familias que cobraban el beneficio de pensiones no contributivas por tener a cargo personas con discapacidad dejaron de percibir el beneficio, sin mediar información previa al respecto. La concejala Mercedes Moreno, del Frente para la Victoria, se refirió al tema calificándolo de un hecho “gravísimo”. Explicó que entre las pensiones no contributivas “la mayoría son por discapacidad”.
En cuanto a las normativas vigentes, la concejala dijo que “estaban reguladas por varias leyes y por un decreto vigente, incluso en la anterior gestión que es el que determina los criterios (ver nota aparte). Entre ellos que el primer responsable de la persona con discapacidad es la familia, por lo tanto si hay sostén económico en el seno familiar, son estos los que deben hacerse cargo, caso contrario está el Estado”.
En referencia a la tarea que concretó como referente del área de Desarrollo Social de Nación, Moreno dijo que “en la gestión nuestra evaluamos caso por caso. Pero aún teniendo en el grupo familiar un salario en blanco, por los gastos que implica cualquier discapacidad, como acceder a diversos tratamientos, rehabilitaciones, profesionales, consultas, hasta viajar a otro lugar para ser atendido, es gasto para la economía familiar y un solo ingreso no alcanza, por lo que estaba perfectamente justificado de acuerdo a la patología”.
En cuanto al criterio que supone la concejala adopta el gobierno nacional para tomar esta medida, dijo que “de acuerdo a patologías que ahora consideran que no son discapacidad, respiratorias o visuales, también en la personas con Síndrome de Down”.
Determinó la situación como “gravísima porque se trata de personas de familias vulnerables socialmente y que tengan un ingreso familiar en blanco no significa que puedan afrontar el enorme gasto que es para una casa una persona enferma o alguien con discapacidad, eso requiere una ingeniería para acomodarse a esa situación”.
Consideró que aunque la pensión no contributiva era “una pequeña ayuda, no les salvaba las papas, pero contribuía a los enormes gastos que se deben afrontar”.
Por último, afirmó que se trata de “una situación desesperante para muchas familias, unos 80 casos en Tres Arroyos y 83.000 pensiones en todo el país que se le dio la baja o se suspendieron”.
En cuanto a las acciones concretas que su bloque realizará respecto al tema, Moreno explicó que “la gente nos llama llorando, ahora registramos todos los casos y pensamos en una acción judicial que ojalá sirva para la devolución de las pensiones y luego se analicen los casos. Desde abril ya se hablaba de este recorte, empezaron a ajustar por los más vulnerables y los más débiles”.
No hay información oficial
Desde el Centro de Referencia local, a cargo de Lucía Rodriguez, no se ha emitido información a la fecha, pero se espera que todas las preguntas puedan ser respondidas mañana en la comisión de Acción Social del Concejo Deliberante a la que asistirá la funcionaria.
Desde la Comisión Nacional de Pensiones se emitió un comunicado oficial en el que se informa que “se están revisando las pensiones otorgadas en el marco de la ley vigente 18.910 y su decreto 432/97”.
