A diario los habitantes de la Argentina nos vemos enfrentados con acontecimientos que golpean nuestra sensibilidad de mantera brutal y lamentablemente cotidiana. Son hechos de carácter delictivo que agreden con increíble impunidad y agotan la capacidad de sorpresa que aún resta en los argentinos.
Lo preocupante es que paralelamente, también se va agotando la paciencia social y esto produce reacciones que provocan hechos de respuestas alarmantes: linchamientos, justicia por mano propia, incendio en domicilios y persecuciones o enfrentamientos con sangrientos resultados.
Esto no es gratuito ni caprichoso, es la peligrosa resultante de que la comunidad advierte la negativa gestión de quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad pública. Obligación, en definitiva, que no cumplen.
La situación no es reciente, ya demostraron incapacidad de cumplirla los 12 años de gobierno kirchnerista, durante cuyo período se incrementó el flagelo del narcotráfico y los delitos en general, bajo un paraguas de “derechos humanos” que lamentablemente demostró una desmedida preocupación por los derechos de los delincuentes, en desmedro de la gente decente.
El nuevo Gobierno tampoco encuentra el rumbo, continuando con la negativa actitud, sin ocuparse, a esta excusa “teóricamente humanitaria”, que justifica la absoluta falta de sentido común que conserva leyes penales y resoluciones judiciales. Esas que han convertido a la sociedad argentina en víctima propiciatoria de aberrantes situaciones, que parecen más de una película de terror que de una Nación, que por lógica moral debe priorizar en su gestión a hombres y mujeres, que integran las familias normales, en las que sus integrantes de todas las edades: trabajan, estudian, respetan los derechos de los demás, pagan los impuestos y tratan de vivir con su propio esfuerzo, que muchas veces no alcanza, sin pretender que los mantenga el Estado.
“Simplemente seres humanos con una conducta digna”, muchas veces ni siquiera respetada de la consideración de los que votaron para gobernar.
En la Argentina ocurre una paradoja casi demencial, para cualquier país civilizado, “son los decentes los que viven entre rejas”. ¿Hasta cuándo? Mientras tanto: asesinos, violadores, ladrones, narcos y otros ilegales esperan muchas veces en los calabozos y otras veces en la cárcel por breves períodos, para ser liberados y volver al circuito de la ilegalidad con más víctimas.
La sociedad, el hombre y la mujer común, no son los culpables de la marginalidad, en cualquier lugar o situación que ocurra, la responsabilidad es de los funcionarios designados para el control y las soluciones.
Los legisladores -nacionales y provinciales- son los responsables directos de que no se cambien las leyes que benefician el delito. Es hora de que se ocupen, antes de que sea tarde.
En la próxima campaña electoral sería bueno que en lugar de acusaciones mutuas le ofrezcan a la ciudadanía los proyectos de ley para modificar las leyes y que la ciudadanía se los exija, de lo contrario continuarán las frases hechas de todos los aspirantes eludiendo los compromisos.
Que justifiquen al menos alguna vez el sueldo que ganan, que siempre obtiene aumentos por encima de la inflación.
La prueba de la ineficiencia de las políticas para enfrentar la inseguridad, está comprobada. Hacen falta hechos contundentes de la oposición y el oficialismo juntos. Porque aunque no lo adviertan, el tiempo puede ser un adversario imprevisible.
Otro aspecto que interesa es el de los signos de la economía que tampoco ayudan a tranquilizar el ánimo nacional. Una nueva medición de la desocupación laboral preocupa el presente de la actividad económica, por los altos índices de la misma. El mercado interno, motor esencial de la economía del país, no ofrece situación de mejoramiento.
Asimismo, la no oferta de empleo, la caída del poder adquisitivo y el preocupante endeudamiento contraído, conforman un combo, que sin ser desesperante, enciende un alerta, que debería tenerse en cuenta.
El comienzo de las realizaciones en el área de obras públicas, especialmente con inversión del gobierno nacional, sirve en parte como freno al parate de la no inversión privada, hasta el momento, sin las decisiones esperadas por el Gobierno. El campo sigue siendo, como siempre, el gran movilizador de la inversión, con claras perspectivas favorables.
El comercio en general acusa una desaceleración en sus ventas, notable, a simple observación. La actividad comercial e industrial, especialmente las Pymes, no la pasan bien.
Existe una permanente movilización callejera de organizaciones cooperativas y barriales, aunque a muchas se les hace difícil demostrar que su operatividad no sea política en contra del Gobierno.
El conflicto docente, por la densidad de sus integrantes, sigue provocando ecosor oficial.
Una desacertada medida de la Anses -y van…- provocó una masiva respuesta de repudio por la arbitraria suspensión de ayuda a discapacitados, que tuvo que ser anulada. Error garrafal del Gobierno por la torpeza de la implementación y por el equivocado momento político en que aparece.
A veces pareciera que el ingeniero Macri “duerme con el enemigo”, políticamente hablando, para nada involucrada la bella y elegante esposa del primer mandatario, en esta metáfora sobre su gestión.
La propia gobernadora María Eugenia Vidal, generalmente prolija en sus decisiones, ha cometido aparentemente, o le han hecho cometer, una decisión cuestionada con referencia a las tarifas eléctricas.
Una segunda instancia judicial vuelve a suspender los aumentos. Ya había ocurrido una primera, rechazada de manera confusa y por ello la nueva suspensión, según la información, se cuestiona la decisión oficial porque según la Justicia, el Gobierno favorece a la empresa prestataria sobre la inversión a realizar y en la autorización del aumento tarifario.
La inversión comprometida por la empresa sería de dos millones de pesos y el aumento tarifario, pedido por la misma, el 30%. Estas cifras fueron legalizadas en las audiencias de conciliación.
El Gobierno habría decidido que la inversión sea de 600 millones de pesos y el aumento tarifario el 56%. De confirmarse esto, huelgan los comentarios. Resta conocer si estas cifras son reales -Justicia por medio- y cuál será la respuesta oficial.
Los sindicatos comienzan a movilizarse rechazando que la inflación este año sea la pronosticada por el Gobierno.
Año electoral, la CGT trata de enmendar los errores del pasado reciente, esto no es una buena señal política para el Gobierno.
El tiempo pasa y los pronósticos preocupan, nadie cree que sea una situación límite, pero se coincide en que la inseguridad y el desempleo deben atenderse. Oposición y Gobierno, o trabajan en serio o tendrán consecuencias inciertas, ambos.
Hay que elegir: o están don Dios, a favor de la gente, o con el diablo, que no la tiene en cuenta.
Algunos políticos del país parecen no entenderlo. Muchos de sus máximos dirigentes continúan sentados sobre la soberbia de su vanidad. Se olvidan que la vanidad es el pecado favorito del diablo.
