El oficialismo intentará aprobar la media sanción del proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que establece un régimen para castigar a las empresas que cometan delitos de corrupción, antes de adentrarse de lleno en la campaña electoral.
“Cambiemos” buscará en la Cámara de Diputados dar un paso adelante con la iniciativa reclamada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, todavía existen las dudas sobre la posibilidad de alcanzar los votos necesarios.
Pese a que en un principio se habían acordado modificaciones al texto original con la oposición, la introducción de nuevos cambios a pocas horas del plenario de comisiones dejó al oficialismo solo en la firma del dictamen de mayoría.
En la reunión del pasado 15 de junio, el Frente Renovador y la izquierda presentaron dictámenes en minoría, y el bloque Justicialista anunció lo propio en la reunión, aunque su propuesta no figura en el pedido de sesión especial solicitado por el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, para este miércoles.
Si bien el massismo cuenta con su proyecto alternativo, no descarta que “nos acompañen en la votación en general” y “voten diferente en la particular”, ya que abogó por la “voluntad” de dar luz verde al tema. El GEN y el socialismo también darían sus votos positivos.
La norma establece que las personas jurídicas podrán ser sancionadas con una multa que va del 0,5% al 20% de “los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito”.
Además, de forma conjunta o alternativa, podrán sufrir la suspensión total o parcial de actividades; suspensión del uso de patentes y marcas; la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria por dos días a su costa en dos diarios de circulación nacional; la pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que gozare; entre otras.
Además, se indica que en los casos de “transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria”, la responsabilidad de la persona jurídica será transmitida a la persona jurídica resultante o absorbente. No obstante, podrá quedar exenta por cumplimiento de un acuerdo de colaboración eficaz.
Los radicales Ricardo Alfonsín y Carla Carrizo ya adelantaron su voto en disidencia al artículo 37, en caso que no se incorpore a la Auditoría General de la Nación. Se trata de que las personas jurídicas podrán, al admitir la infracción, “solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz” en el cual “intervendrá únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación” y que “deberá contar con la conformidad de la Sindicatura General de la Nación”.
El temario de la sesión especial incluye la aprobación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la organización mundial del comercio, hecho en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 27 de noviembre de 2014.
