Luego de más de cinco horas, la Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado la Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas, que crea un régimen para condenar a las empresas que hayan cometido cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal.
La norma fue fuertemente reclamada por el Gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción encabezada por Laura Alonso, quien estuvo presente en el recinto. El proyecto había sido aprobado la semana pasada en la votación en general, pero se empantanó en la discusión en particular.
Reanudado este miércoles el cuarto intermedio, se votaron uno por uno los artículos, y el único que resultó rechazado fue el número 37, referido a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan acogerse voluntariamente a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz con retroactividad. Esa votación registró finalmente 87 votos afirmativos contra 131 negativos, y despertó la más encendida discusión entre la oposición y el interbloque Cambiemos, conducido por primera vez por el jefe del bloque Pro, Nicolás Massot -en ausencia del radical Mario Negri-, en una sesión marcada por los escalonados cuartos intermedios.
En el arranque del debate punto por punto, el Frente Renovador y el bloque Justicialista presentaron distintas redacciones para el artículo 1, pero tanto Cambiemos como el Frente para la Victoria respaldaron la propuesta del massismo, que se aprobó con 183 votos afirmativos, 5 negativos y 16 abstenciones -del justicialismo-.
A partir de la modificación, en el Régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas se contemplarán todos los delitos del Código Penal. Anteriormente, en la redacción solo se incluía cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública, y fraude contra la administración.
Para Elisa Carrió el meollo de la cuestión pasaba por ver “cómo recuperamos lo robado”. Para eso hay dos acciones posibles, dijo: “O porque el juez confisque, o porque se declare la nulidad absoluta e insanable de un contrato, de una licitación, por sobreprecios, o que venga la acción de lesividad del Estado. En contratos, por ejemplo, quieren soterramiento, vamos a poner soterramiento, pero vamos a poner también el tema de energía en el Tigre, con Paraná, el caso de AYSA… Y los gasoductos, no se olviden de los gasoductos. Y no se olviden de (Roberto) Baratta, muchachos, que es un encanto, que vació YPF, Repsol, junto con (Antonio) Brufau, junto con De Vido, junto con Cristina, y junto con los Eskenazi…”.
Luego insistió en que “para recuperar lo robado es necesario esto”, en referencia al artículo 37 del proyecto. Y recordó haber propuesto en su momento a Carlos Balbín para el cargo de procurador del Tesoro de la Nación, y recordó también “el dictamen es negativo de Balbín, y yo reivindico ese dictamen”. Y disparó: “¿En qué gobierno de ustedes hubo un dictamen negativo a la señora presidente, si los procuradores eran cómplices?”.
La massista Mónica Litza argumentó que “esto no es un capricho”, sino que “nos da una oportunidad de hacer un tratamiento que vaya a fondo”. “Hay un sin número de situaciones que se pueden dar por fuera de los delitos contemplados, y hay otros delitos que nunca van a llegar a ser aplicados a las personas jurídicas, pero no está mal que estén previstos igualmente”, explicó, y consideró que así “no dejamos ningún cabo suelto; y para que no haya un régimen diferente para las personas jurídicas que para las personas humanas”.
