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Condenan a un precandidato de Oreste

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca revocó la absolución de un ex ayudante fiscal de Coronel Pringles y precandidato a consejero escolar en la lista del ex intendente Carlos Oreste, acusado de archivar causas y proteger a médicos y policías, y lo condenó a una pena de dos años y medio de prisión en suspenso.

El fallo recayó en Fernando Enrique Martínez, quien también fuera secretario municipal de Coronel Pringles entre 2014 y 2015.

Martínez había sido absuelto el 22 de setiembre de 2015, por parte de la jueza en lo Correccional Nº 3, Susana González La Riva, aunque la Fiscalía apeló y la Sala I de la Cámara, con los votos de los jueces Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, lo sentenció.

Llegaba acusado por 6 hechos, aunque le imputaron 4, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

De acuerdo a lo que publica en su portal el diario La Nueva, en el primero de los hechos Martínez se comunicó con Julio César Carrizo, imputado por un hecho de cuatrerismo en perjuicio de Rafael Streitemberger. Le pidió que pagara los animales que había robado y lo amenazó con la imposición de una pena si no lo hacía. Para la Cámara, se trató de un “abuso genérico de autoridad y decisión arbitraria, contraria a las leyes. Clara transgresión a la ley 13.433 (resolución alternativa de conflictos penales)”.

En el segundo caso, el ayudante fiscal se comunicó con el director del Hospital Municipal, Ricardo Potin, por la denuncia de un homicidio culposo por parte de una mujer que perdió en el parto a su bebé. La presentación alcanzaba a Potin y a la obstetra Mariela Bonnecaze. De las llamadas surge que Martínez no estaba conforme con el informe médico oficial del doctor Claudio Raigorodsky, perjudicial para los acusados. “…Me salió con esto, me arruinó”, “…me hubiera dejado la duda y listo, si a mi la duda me sirve…”, le habría dicho el ayudante fiscal a Potin, sobre el informe de Raigorodsky. Consideraron los camaristas que surge su intención de no investigar el caso, además de haber calificado de manera despectiva a la familia de la denunciante: “son todos plagas”.

El tercero que describe La Nueva señala que colaboró con un policía acusado de amenazar a la mujer. Llevó adelante la denuncia, cuando en la Ayudantía no debía hacerlo. “No hay dudas de que colaboró con el oficial. Erró a eludir la acusación”, afirmó la Cámara. Una conversación demuestra que lo advirtió de la denuncia y que le pidió que dejara de llamar a la víctima. “Como broche de oro, remitió las actuaciones a la comisaría de Pringles, donde se desempeñaba el acusado”. Por último, cerró la causa porque supuestamente no encontró a los autores de las amenazas.

Y el último de los hechos por los cuales fue sentenciado, Martínez auxilió al policía Carlos Dalmacio Jesús Rodríguez, denunciado por el intento de abuso a una menor de 14 años. Realizó una rueda de reconocimiento en la propia Ayudantía y demoró el envío de la causa a la Fiscalía Nº 9, que debía intervenir. Asentó que las actas de reconocimiento eran de fotos y no de personas, con la presunta intención de lograr la nulidad y favorecer a Rodríguez, quien finalmente fue condenado a 3 años de prisión en suspenso.

Asimismo, antes de revocar la absolución, la Cámara Penal tuvo en cuenta la falta de antecedentes como atenuante. A modo de agravante, remarcó el cargo que desempeñaba Martínez, “no ya desde su condición de funcionario público, sino a partir de la alta responsabilidad confiada por el Estado, poniendo en sus atribuciones ni más ni menos que la investigación de delitos, entre otras funciones”.

Además de los 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional, quedó inhabilitado por 7 años para ejercer la función pública y durante 3 tendrá que cumplir reglas de conducta.

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