Según publicó el sitio web www.lanueva.com la policía de Coronel Dorrego detuvo ayer al mediodía a un hombre condenado “en setiembre de 2015” a 2 años de prisión al hallarlo culpable de amenazar y privar de la libertad en el interior de su casa a María Laura Dumrauf, directora de Desarrollo Social de Coronel Dorrego, y a una trabajadora social del Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño y Adolescentes.
La detención se produjo durante un allanamiento realizado en una casa del Barrio 1º de Mayo, donde vive el acusado, identificado oficialmente como Américo Ceferino Villalba, quien preventivamente quedó alojado en la Comisaría Primera de Tres Arroyos, según se informó.
El fallo había sido dictado hace casi dos años por el Juzgado Correccional Nº 4, a cargo de la doctora María Laura Pinto de Almeida, según informó la Unidad Fiscal Descentralizada, por entonces a cargo del doctor Marcelo Romero Jardín, quien colaboró en la investigación desarrollada por el fiscal Sebastián Foglia, de la UFIJ 9.
Una hora
El hecho ocurrió en 2013, cuando las damnificadas habían ido a la vivienda de Villalba para hacer una evaluación socioambiental, pero lejos de poder hallar elementos que les permitiera elaborar el informe, tropezaron con la actitud agresiva del hombre.
Una vez que las víctimas estaban adentro del inmueble, el hombre cerró con llave la puerta de ingreso y las mantuvo privadas de la libertad durante una hora, diciéndoles que “pongan (en el informe) lo que él quiere”, según informó un vocero del ministerio público fiscal.
Durante ese lapso el sujeto también las insultó y amenazó a la trabajadora social al grito de “te voy a reventar la cabeza” y agregó que “nadie se va de acá hasta que no me den una solución; yo quiero la restitución de mi hijo, ya”.
Recién cuando las mujeres confeccionaron un acta en el que hicieron constar por escrito las pretensiones reclamadas de manera coercitiva por Villalba, este las dejó salir.
La defensa de Villalba estuvo a cargo del doctor Germán Kiefl, quien interpuso el recurso de apelación, según el artículo 441 del Código Penal, pero en las últimas horas la sentencia quedó firme.
El expediente se inició luego que autoridades de la escuela a la que concurre el menor formularan una denuncia por maltrato, sin que se precisara el tipo y/o las consecuencias de esa acción sufrida por la víctima.
