La Comisión Provincial de la Memoria (CPM), el organismo de derechos humanos bonaerense que interviene como querellante en la causa que se sigue por la desaparición de Santiago Maldonado, presentó ayer un escrito ante el juez federal Guido Otranto para limitar el acceso de Gendarmería al expediente.
Además, la entidad cuestionó la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el caso por “exponer públicamente la identidad de un testigo de la causa”.
En su presentación, la CPM advierte sobre la “significativa gravedad institucional” que tiene el caso de Santiago Maldonado, y remarca que “la única hipótesis cierta y verosímil” es que el paradero del joven se desconoce desde el pasado 1 de agosto, tras el operativo que realizó la Gendarmería en la comunidad Mapuche Pu Lof de Cushamen, en Chubut.
“En este sentido, se le ha solicitado al juez una serie de medidas de prueba que hasta el momento no han sido realizadas y resultan clave para el avance de la investigación. Entre ellas, que se cite a declarar al comandante Juan Carlos Escola, que estuvo a cargo del operativo, y a todo el personal afectado. Además, se pidió la identificación, secuestro y peritaje de las armas utilizadas durante la represión”, señaló la CPM en un comunicado.
El organismo también solicita al juez Otranto la protección efectiva de los testigos, y pide que se cumpla el Programa de Testigos Protegidos para Ariel Garzi, quien días atrás había declarado en la causa solicitando esta garantía constitucional.
“Pese a esto, su identidad fue sorpresiva y públicamente revelada la semana pasada por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich durante su exposición en el Senado de la Nación”, remarcaron desde esta Comisión. (DIB)
