La Federación de Acopiadores de Cereales suscribió días pasados un acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) a partir del cual recomiendan a los asociados que en las operaciones de venta de granos a fijar “se abone el precio total sobre la mercadería fijada recibida con calidad y condiciones conforme, en los plazos del artículo 38 de las Reglas y Usos”.
Las entidades, que representan a dos eslabones centrales de la agroindustria, acordaron ratificar que los saldos que pudieran existir a favor de cualquiera de las partes por liquidaciones finales u otros conceptos se pagarán en un plazo no mayor a 30 días de su presentación a los deudores.
El acuerdo, que lleva la firma del presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, y el titular del CIARA-CEC, Alberto Rodríguez, tiene por finalidad continuar con el proceso de mejoramiento de los estándares de eficiencia en la comercialización de granos, expuesto en las normas de autorregulación (Reglas y Usos) privadas, que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Mercados del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
El acuerdo tiene por finalidad continuar con el proceso de mejoramiento de los estándares de eficiencia en la comercialización de granos
Cabe recordar que el compromiso inherente a las reglas y usos del comercio de granos había sido refrendado por las partes en marzo de 2016, en el marco de una Comisión Intersectorial.
El convenio suscripto viene a resolver algunos inconvenientes que se venían generando debido a que los compradores de la mercadería habían implementado una modalidad de liquidación en dos tramos: una parcial por el 97,5% del precio; y otra final por el 2,5%.
Practicajes en puertos
El gobierno nacional propuso el martes pasado, en audiencia pública, una baja de hasta el 30% en las tarifas de practicajes en los puertos que se abona para sacar mercaderías. Esta fue la primera audiencia que se realiza en 25 años para definir el costo de esos servicios.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó al inaugurar la audiencia que el gobierno busca “nuevas reglas claras, que aseguren la competitividad de un servicio que es fundamental para la seguridad de la navegación”.
El cuadro tarifario propuesto por el gobierno establece una tarifa de 14 dólares multiplicada por las unidades fiscales que cada buque tiene certificadas, para maniobras de atraque y zarpada.
El Gobierno propuso también 150 dólares adicionales por cada hora de trabajo adicional que supere las tres, costo que variará de acuerdo al calado de cada buque.
Para los puertos patagónicos los aranceles tendrán un adicional del 20% y para los buques de bandera argentina, se estableció una bonificación del 25% en los aranceles, según la propuesta del gobierno.
