La cifra que se le tenía que pagar a los profesionales de la salud del Hospital Pirovano ya era de aproximadamente un millón de pesos en total, en el año 2007, de acuerdo a una pericia contable. Por esos días se iniciaba el proceso judicial que diez años después obtuvo sentencia favorable y definitiva desde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Ese juicio obtuvo un veredicto respecto de los primeros cuatro años en los cuales no se pagaron los sueldos, de acuerdo a la normativa que regula –desde 1984- la Carrera Profesional Hospitalaria, aunque no se la aplique y tampoco se la haya derogado.
Con la tasa pasiva del banco Provincia, tal como lo ordena la justicia, los bajos intereses igualmente con el correr de los años hicieron que esa suma de dinero se multiplique. Y ahora a toda esa enorme cantidad de dinero hay que pagarla. Resta saber quién lo hará. Si el pueblo con los fondos públicos, o los funcionarios que decidieron no liquidar los sueldos de acuerdo a la normativa mencionada, con sus propios bienes y bajo la orden del Tribunal de Cuentas.
A toda esa enorme cantidad de dinero hay que pagarla. Resta saber quién lo hará. Si el pueblo con los fondos públicos, o los funcionarios que decidieron no liquidar los sueldos de acuerdo a la normativa mencionada, con sus propios bienes
Pero queda por saber algo más importante aún. Si el fallo de la Corte Suprema de Justicia corresponde a los años mal liquidados entre el mes de enero de 2004 y hasta septiembre de 2007; qué pasó con los pagos en el transcurso de la última década. Incluso por estos días.
La Voz del Pueblo intentó obtener ese dato por el mismo director Administrativo del Hospital Pirovano, Diego Rodríguez, quien pidió “tiempo” para responder algo que automáticamente pudo haber contestado por el alcance de sus conocimientos y responsabilidades.
Después directamente dejó de atender los llamados desde este diario que busca conocer ese mismo dato, que no es más ni menos que información pública, de parte un funcionario municipal. Porque, salvo que no nos hayamos enterado, el municipio no ha dejado de ser un ente público para convertirse en uno privado.
Ese camino incluso fue sugerido por la concejal del Movimiento Vecinal, Claudia Cittadino, que al ser consultada desde La Voz del Pueblo por cómo se siguen liquidando los sueldos, aconsejó hacer esa consulta con el funcionario mencionado, después de haberse excusado de hacerlo ella en su función de contralor y fiscalización, como representante del Poder Legislativo.
Mientras que 70 médicos, o no menos que 66, van a cobrar ese dinero de acuerdo a su carga horaria, nivel de responsabilidades y antecedentes; el precedente que fijó el máximo órgano de justicia bonaerense -con su fallo- abrió la posibilidad de no solo esos mismos 70 o 66, sino todos los profesionales del centro público de salud que tienen mal liquidados sus haberes puedan reclamar que se les pague de acuerdo a la ordenanza.
El antecedente habilita a que se efectúe la supervisión de las liquidaciones entre septiembre de 2007, hasta el día de hoy. Con lo cual es presumible -aunque todavía no trascendió que vaya a ocurrir- que si persistieron los pagos mal hechos es probable que se formule un nuevo reclamo que comprendería a los últimos diez años, y contando.
Con este panorama declarado hace semanas, llama poderosamente la atención que a meses de las legislativas, y el impacto político que esto produjo, desde el Concejo Deliberante no se haya registrado ni una sola acción tendiente a generar un mayor grado de respuestas por parte de las autoridades para que se sincere esta circunstancia que tendrá un impacto económico, si no se responde con recursos personales de los funcionarios, y si es que finalmente deba cubrirse con el dinero de todos.
El que sale de las arcas municipales.
