El desalojo del geriátrico de la avenida Güemes 1336, la internación y derivación de los seis residentes que vivían en el lugar desnudó, desvistió el horror, la desidia y el abandono.
En una lista de treinta establecimientos aparecen nombres y direcciones de lugares que podrían ser hogares o geriátricos, abiertos, funcionando sin habilitaciones. Los cómplices… los socios del horror, el Municipio, algunos familiares abandónicos y la clase política que conoce el tema desde hace mucho tiempo.
La excusa es “no se puede ingresar a una casa privada”, atravesar los muros de una propiedad que puertas afuera es la residencia de una familia, pero puertas adentro aloja a todos los ancianos que sea posible. Si no hay cartel que indique que en tal o cual dirección de nuestra ciudad funciona un geriátrico, esto parece que debe ser entendido como que no lo hay.
Hasta que se alza una voz, y otra, y otra. Años, muchos años pasan hasta que alguien decide que vale la pena proteger a los que más necesitan de nuestro apoyo y cuidado.
El negocio empezó hace tiempo, y otra excusa “los abuelos tienen que terminar bien sus días y la familia no puede contenerlos”, se fue convirtiendo en más negocio.
Y a esto se le suman asociaciones silenciosas, ocultas, las que se acuerdan entre algún funcionario y los dueños de los supuestos geriátricos.
El horror disfrazado
La doctora Isabel Tarchinale, secretaria de Prevención y Salud y la responsable del área de Adultos Mayores hablaron públicamente de “exageraciones”.
Sin embargo no es lo mismo que declararon las dos denunciantes ni lo que muestran las fotos más que dolorosas que constan en nuestra redacción.
Fotos que muestran la realidad de los días previos al desalojo, pero que no son diferentes a lo que ocurre en otros establecimientos a los que no se puede ingresar sino es a través de una denuncia.
De las escaras, la sarna y los piojos, a la falta de comida, a la documentación para cobrar los haberes en los domicilios de los dueños del lugar. De la desatención a la falta de control.
La sociedad ya los juzgó, falta que la Justicia haga lo propio. Las miradas perdidas, las palabras que luchan por salir de esas bocas empobrecidas, debilitadas, casi cerradas, son la única prueba real de que los viejos, los débiles mentales, las personas con discapacidad pueden ser vulnerados a la vista de todos, con el permiso de muchos.
Las funcionarias a cargo del área de fiscalización municipal se acercan a “controlar” y miran lo edilicio. Hicieron las actas correspondientes y volvieron a sus oficinas, a la vida cotidiana, a la pseudo preocupación, a la tranquilidad de saber que “estuvimos, vimos, les advertimos y nos fuimos”.
Desde Desarrollo Social la práctica habitual es “derivar” gente que está en condiciones de indigencia o de necesidad extrema a estos geriátricos o pensiones. Vaya uno a saber qué son.
Se paga por cada una de las personas alojadas allí un “subsidio” que cobran los dueños de esos lugares en concepto de “alquiler”.
Desde otras áreas municipales también se derivan personas con problemas de salud mental, adicciones. Todos a las mismas residencias, amigas y socias del poder.
Aquí otra excusa “nadie quiere alojar gente por lo que paga el municipio, nadie quiere hacerse cargo de los locos”.
Entonces aparecen las almas salvadoras y generosas que por el magro ingreso como el de Andrés de 1320 pesos los aceptan y los “cuidan”. Para todos, este sistema funciona bien y la cosa sigue.
La función política
En el Concejo Deliberante y en el Ejecutivo no desconocen las situaciones mencionadas, tampoco lo que ocurría en Güemes 1336, salvo que nunca hubieran estado atentos en las reuniones de Acción Social o no hubieran recibido desde hace muchos años los reclamos de familiares y vecinos respecto a la falta de cuidado y atención por la que pasan los abuelos.
La ley es muy exigente y así debe ser. El geriátrico debe estar a cargo de un profesional médico o especialista en psicología o psiquiatría, debe haber cobertura de enfermería -especialmente para administrar medicamentos, curar, controlar- los baños amplios con agarraderas, inodoros altos, duchas accesibles en las que haya sillas para bañarse cómodos, las habitaciones ventiladas, amplias, camas con medidas de seguridad como barandas si se necesitan, lugares espaciosos y luminosos para estar, sectores verdes, en fin… lugares en los que “puedan terminar sus días de la mejor manera”.
Aquí otra excusa del Municipio y de los políticos, “si los cerramos a todos se pierden fuentes laborales”. Pero si los dejamos de cualquier manera, se pierden vidas.
Una ordenanza del 2016 crea la Comisión de Apoyo para el área de Coordinación de Adultos Mayores que tiene por función la fiscalización de las Residencias Geriátricas de acuerdo a la Ley 14.263 y acorde a las normativas de Fiscalización Provincial.
Entre las funciones destacadas tienen que posibilitar que los pacientes puedan “ejercer sus derechos a través de la intermediación de la Comisión”.
Además deben actuar con el área de Coordinación de Adultos Mayores “ante denuncias que se formularen fehacientemente y/o ante anomalías tanto de funcionamiento como de situación de riesgo en que se encuentren involucrados los adultos mayores”.
Legislado está, el problema es que lo que se controla es ilegal, no existen para la Dirección de Fiscalización. Son clandestinos, ninguno tiene su habilitación correspondiente, salvo tres reconocidos por la Provincia.
Es cierto que hay una veintena en vías de lograr habilitaciones, pero como en todos los comercios que el Municipio habilita en forma transitoria, en el mientras tanto el control se mueve en un gris tan oscuro que en el caso de los geriátricos es negro.
Otra ordenanza de 2010 establece responsabilidad municipal sobre el funcionamiento geriátricos, y allí se consignan acciones de supervisión, reglamentación, control, fiscalización, a cargo de las Secretarías municipales correspondientes, como así también la realización de los trámites de habilitación.
La vista flaca
Pensiones y geriátricos funcionales a la Secretaría de Prevención y Salud, a Desarrollo Social, al Hospital, al servicio de Salud Mental, al Ejecutivo. Pensiones y geriátricos que se conocen por el boca a boca que “nunca se quieren presentar para solicitar su habilitación o ponerse en regla”, tal lo declarado a este diario por Tarchinale y Crespo.
Pensiones y geriátricos que son “negocios” sin inversión, sin control, sin atención política y tampoco judicial.
Tarchinale y Crespo la tienen clara en algo, “no quieren anotarse, no se acercan para pedir que se los registre”.
Lo obvio no es tan invisible a los ojos. ¡Por supuesto que no se acercan! ¿Para qué? si van a percibir sus “dietas” de todos modos, los van a advertir, les van a escribir actas, pero no va a pasar nada.
El control de lo clandestino, la sociedad del terror, el destino de los que están solos, los que no se escuchan, el mundo del revés.
Ordenanzas, leyes, declamaciones, es lo único que hay ciertamente, porque la realidad es la que miramos en las fotos que están en la redacción que muestran abuelos con moscas en la boca, flacos, lastimados y sucios.
Detrás de las paredes, te ruego que respires todavía; detrás de las paredes de las pensiones y geriátricos hay vidas, trabajo, sueños, futuro, historias.
La ley debe cumplirse y es el Estado quien debe velar para que eso ocurra, los concejales, la policía, la Justicia.
Detrás de las paredes hay abuelos, enfermos mentales, personas con discapacidad, muchas veces hacinados, mal atendidos, sin medicar, mal alimentados.
Que se termine, que se cumpla la ley, que se castigue a los culpables, que se derriben los muros, que se accione, sin palabras y con hechos.
Los políticos, fiscales y jueces tienen esa potestad, que la cumplan.
