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Violencia de género: la ordenanza que falta para que el Estado diga presente

La mujer baleada por su ex pareja en la noche del pasado jueves 8 de febrero tiene comprometido su brazo y todavía debe aguardar el resultado de una serie de estudios médicos para conocer la magnitud de la lesión que sufrió al ser atacada en su casa. 

A Lorena Saavedra su ex pareja la atacó a tiros cuando entró en su casa con un arma de fuego, violando una restricción de acercamiento que le habían dictado en enero. 
El atacante, Miguel Benítez se encuentra detenido en la Estación de Policía acusado de «tentativa de homicidio y desobediencia», por este episodio de violencia de género. 
A Lorena la operaron, le extrajeron el proyectil, aunque por estas horas tiene dos tendones con riesgo de quitarle movilidad a su mano, una circunstancia por la que hoy ya perdió su trabajo como remisera y vendedora de ropa particular. 
LA VOZ DEL PUEBLO consultó a especialistas en la temática que aportaron datos para elaborar este informe sobre las secuelas que quedan en casos como el mencionado.

¿Qué puede hacer el Concejo Deliberante? 
En otras ciudades se han realizado avances en los municipios respecto al tema de la violencia de género, cuestiones que el colectivo Ni Una Menos en nuestra ciudad ha mencionado y reclamado al Ejecutivo y Legislativo tresarroyense cada vez que se reúne y emite un comunicado en este sentido. 
En diálogo con este diario, la licenciada en psicología María Berenice Pereyra, participante de Ni Una Menos Mar del Plata y parte del equipo de trabajo del grupo marplatense En Red entidad que asiste a víctimas de trata, violencia y abuso sexual.
En Mar del Plata el Concejo Deliberante aprobó a mediados de 2016 la «Emergencia en violencia de género» que entre otras cosas prevé un subsidio para las víctimas, especialmente en los casos en que tienen hijos, pierden la casa, problemas de salud y ayuda en la búsqueda de trabajo. 
La ordenanza amplía el régimen de asignaciones económicas e incrementa el monto del beneficio. También ordena la gestión de cupos en los planes de viviendas. Establece la ampliación del hogar de tránsito y la creación de otro de «medio camino». 
Antes de ser sancionada uno de los debates que dio la legislatura marplatense fue justamente el monto que por ordenanza se le asignaría a la víctima. La actual ley nacional de «Protección Integral de las Mujeres» y la provincial de la «Emergencia pública en materia social por violencia de género», diseñan, ejecutan, políticas y acciones tendientes a garantizar la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
Si bien hay hogares de asistencia en Mar del Plata la licenciada Pereyra explicó que «falta un real trabajo de acompañamiento». 
Otra cuestión que la profesional que forma parte de la ONG En Red indicó es que «se discute mucho por qué es la mujer la que se tiene que ir del hogar ante las medidas de restricción, cuando se estuvieron entregando los botones antipánico que funcionan bastante bien». 
Entre los agresores, están los que respetan la restricción y otros que no, por eso Berenice explicó que «según el caso los primeros días un patrullero hace vigilancia en la zona. Las reacciones no son inmediatas, pero llegan». 
En cuanto a lo que cree debería implementarse, la licenciada en psicología expresó que «querían incorporar el sistema de las patrullas interdisciplinarias como el programa que tiene Eva Giberti en casos de violencia sexual. Son patrullas que están integradas por policías, psicólogos, trabajadores sociales y médicos que se dividen por barrios y asisten ahí», concluyó.  
Comunicados locales 
En noviembre de 2015 después de una marcha de Ni Una Menos Tres Arroyos los participantes dieron a conocer un comunicado, un documento local con la adhesión de diferentes instituciones. 
«Basta de femicidios y de violencia contra la mujer. Reclamamos que se declare la emergencia nacional, que el municipio local incorpore esta problemática como prioridad en la agenda. Asignar recursos para poder multiplicar planes y dispositivos sobre el tema de violencia. Cumplimiento de la Ley 26485 de Protección integral de las mujeres. Que la Justicia acelere los procesos. Comprometer a los medios de comunicación para que trasmitan las palabras correctas: se dice violencia contra la mujer, femicidio, trata de personas». 
«Pedimos un equipo técnico para la Comisaría de la Mujer. Creación de la Fiscalía y Juzgado de Familia que trate específicamente el tema de violencia. Que las autoridades sanitarias hagan cumplir la Ley de Parto Humanizado. Repudiamos el procesamiento de mujeres originarias. Que se erradique la trata de personas en Tres Arroyos en todas sus formas». 
¿Quién y cómo actúan las Instituciones? 
Sonia Bustillo es abogada especializada en violencia, abogada del niño, auditora médica legal con años trabajados en la Comisaría de la Mujer, en el refugio Guillermina Cirone. 
Ha recibido premios por logros en el trabajo realizado en la temática y trabaja en el Refugio de la Mujer que coordina acciones con otros estamentos no gubernamentales como Construyendo.
En el caso de recibir alguna lesión psicológica o física que impida que la mujer agredida regrese a sus tareas diarias o pierda como consecuencia de estas su trabajo, «la Justicia debe dar respuestas ante esa situación ya que todo depende de las secuelas que queden y de la calificación que se le dé a la causa. Sería muy importante que en Tres Arroyos se cree una Fiscalía de violencia de género», consideró la doctora Bustillo.
«Los casos son muchísimos y aumentó la gravedad de los mismos lamentablemente», aseguró. 
La asistencia a la víctima 
En cuanto a la asistencia que se le brinda a la víctima cuando son atacadas y denuncian violencia de género o familiar, «en principio trabaja la Comisaría de la Mujer y Familia. Si el agresor convive con la víctima el personal policial le ofrece un lugar de resguardo -el Refugio de la Mujer- para contenerla interdisciplinariamente y hasta que se efectivicen las medidas cautelares que la víctima solicite», explicó Bustillo. 
En cuanto a otras acciones en igual sentido manifestó que «se lleva a cabo la exclusión del hogar del agresor y restricción de acercamiento, botón antipánico, entre otras. Si la víctima no quiere el lugar de resguardo o prefiere quedarse con familiares, la Comisaria de la Mujer deriva el caso al Refugio (Guillermina Cirone) para que sea asistida por el equipo interdisciplinario y el equipo de la ONG Construyendo que en conjunto con Comisaría de la Mujer y el Refugio están con la víctima en esos momentos», explicó la abogada. 

Restricción de acercamiento 
En cuando al pedido de medidas cautelares «es importante destacar -continúa Bustillo- que la Justicia local actúe en forma rápida ya que ni bien se radica la denuncia se abren los mecanismos para que se materialicen en corto plazo las medidas de protección». 
Entre éstas se encuentra el dispositivo de botón antipánico -otra herramienta importante- que está monitoreado continuamente, «es otro elemento que tiene la Justicia también para actuar en casos de violencia de género». 
Las medidas de protección -medidas cautelares- son dispuestas con celeridad «en la práctica local, sirven pero a veces no es suficiente ya que el agresor es quien viola esas medidas y es allí donde surgen lamentablemente las situaciones más graves de violencia hacia la mujer», determinó Bustillo.
La medida tiene validez por un tiempo determinado y puede prorrogarse, pero no es una disposición permanente. Cuando se vence el plazo es la víctima la que tiene que ir a pedir la prórroga si la amenaza persiste.
Aunque se han dado casos que se otorgaron medidas sin tiempo determinado según la complejidad del caso. Si el denunciado viola la medida, es la víctima o quien sea testigo de la situación quien da aviso a la Policía y, si los uniformados encuentran al acusado en flagrancia, en el momento de violar la orden de restricción, se lo detiene inmediatamente. La violación de una orden judicial es un delito penal: «desobediencia».
La dificultad aquí se plantea ya que es el agresor quien debe respetarlas, cuando los casos son muy graves y complejos la Justicia ha llegado a disponer de custodias dinámicas para proteger a la víctima. 
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