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Habrá una pericia contable al sindicato mercantil

La Fiscalía N° 13 a cargo del doctor Carlos Facundo Lemble solicitó la pericia contable que establecerá si hay configuración de delito en la causa en la que están denunciados dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio por estafa. 

El instructor a cargo, doctor Iparraguirre le dijo a LA VOZ DEL PUEBLO: “Queremos saber si hay delito o no hay delito”. Para ello, en el allanamiento que se llevó a cabo en la sede gremial, ubicada en Hipólito Yrigoyen 143, la Fiscalía N° 13 secuestró órdenes de pago y demás documentación de manera preventiva que fue entregada directamente por personal del Sindicato. 
El instructor explicó que “con eso y con lo que hay en la denuncia requerimos una pericia contable, una vez que estén los resultados se podrá saber si hay un delito o no”. 
En este sentido señaló que “no es que ya podemos afirmar que hay delito. Hay que analizar si lo denunciado constituye un delito. Lo más importante será después de la pericia, que se la pedimos a Bahía Blanca, que se realice sobre lo secuestrado y toda la documentación que consta en la causa”, finalizó.

La denuncia 
Hace una semana se ordenó el allanamiento del Sindicato Empleados de Comercio por una denuncia por estafa efectuada por el ex tesorero del gremio contra dirigentes del Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos. La causa que tramita en la Fiscalía N° 13 de Carlos Facundo Lemble lleva varios meses de investigación. 
El viernes último una comisión instruida por el doctor Iparraguirre allanó la sede gremial en busca de documentación necesaria para la causa.
La fórmula de la denuncia de la IPP 2732/17 es por “delito de acción pública, estafa y defraudación especial, administración desleal, artículo172, 173, inciso7 del Código Penal en perjuicio del Sindicato de Empleados de Comercio de Tres Arroyos con domicilio calle Hipólito Yrigoyen N° 143”. 
La misma acusa a Carlos Alberto Barroso, ex secretario general del Sindicato Empleados de Comercio; Roberto Daniel Di Palma, actual secretario general; la actual subsecretaria, Adriana Doris Dimayo, y la tesorera actual, Silvia Paola Beitía. 
En sus declaraciones públicas Cravenna expresó que hizo la denuncia penal en noviembre y posteriormente, en diciembre y en febrero amplió la misma. Al momento de acercarse a la Justicia dijo que “ya tenían en el expediente el informe de la AFIP”. 
El denunciante, que está patrocinado por el abogado penalista bahiense Gustavo Giorgiani, advirtió que “seguramente intervengan el Sindicato desde la Federación porque tendrán que demostrar qué hacen con la plata de los asociados” y pidió que los acusados “devuelvan el dinero que cobraron de más a los asociados”.
 
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