Señora directora:
Sin duda no es grato recibir aumentos periódicos en las facturas del gas y electricidad, aunque más que aumentos, son reajustes necesarios para recuperar su valor relativo, producto de desajustes derivados de la implementación de la emergencia económica luego de la salida de la convertibilidad en el año 2002.
La decisión política del anterior gobierno de mantener valores bajos en la energía, si bien favoreció a la industria y a los usuarios en general, tuvo como efectos negativos en primer lugar que aumentara el consumo de gas en desmedro de combustibles alternativos, incentivado por las políticas energéticas implementadas que favorecieron la instalación de plantas de generación eléctrica de ciclo combinado, que mayoritariamente utilizan el gas natural como combustible.
En segundo lugar la decisión de “argentinizar” a la entonces petrolera Repsol YPF, obligando a esta a aceptar un socio privado, cuya participación accionaria en un 90 % debía salir de los dividendos de la propia empresa, lo cual restringió el nivel de inversiones de la mayor petrolera y productora tanto de petróleo como de gas natural.
La suma de ambos factores desincentivó las inversiones destinadas a la producción de petróleo y gas natural, con lo cual a partir del año 2005 se perdió el autoabastecimiento energético, con el agravante de que la matriz energética se mantiene concentrada en un 87% en la quema de petróleo y gas natural en un escenario de producción decreciente, que obliga a importar el 35% del gas natural que se consume. A esto se suma la estrechez del parque de generación eléctrica (que obligó a importarla de países vecinos) y sus redes de distribución, con las secuelas de los cientos de miles de afectados por cortes derivados de la falta de inversión consecuencia de tener tarifas por debajo del costo.
Este es un aspecto importante que debería primar en la discusión de la política energética, ausente en la agenda pública actual.
Hay que retrotraerse al año 2011, en el cual los ex secretarios de energía que actuaron en los diferentes gobiernos democráticos desde 1983 en adelante elaboraron un balance de la gestión de gobierno en el rubro de la energía para el periodo 2003-2010. El mismo fue crítico y premonitorio de la acentuación de crisis energética que hoy padecemos, que el gobierno anterior no solo prefirió ignorar, en su momento, sino que, siendo Ingenieros la mayoría de los ex secretarios, en un acto totalitario impidió que los mismos pudieran hacer público su documento en un ámbito académico natural como lo era la Facultad de Ingeniería de la UBA.
Bien o mal, los aumentos de tarifas fueron establecidos y discutidos en audiencias públicas, tal como lo dispuso la Corte Suprema, en base a la legislación vigente, aprobada por el Congreso.
Audiencias que tuvieron lugar, además de la capital federal en diversas ciudades del interior del país, incluida la cercana Bahía Blanca. En las mismas participaron todas los interesados directa o indirectamente en el tema, incluidos ONG’s como Ligas de Amas de Casa, Organizaciones de Información al Consumidor, Defensa del Consumidor, etc. y Defensoría del Pueblo, entre otros.
Deberían haber concurrido los políticos, que hoy se rasgan las vestiduras, muchos de ellos inscriptos. Allí podrían haber argumentado cara a cara con Aranguren, pero no asistieron.
Se explica, las audiencias tuvieron y tienen muy poco espacio en los medios, por ello hacer barullo en el Congreso genera mayor repercusión. Un barullo no exento de demagogia, sólo centrado en el aumento de tarifas, ignorando la situación del sector energético.
Es posible que en un acto sin que se midan sus consecuencias (no será el único, muchos actores son parte del problema, más que de la solución), lleguen a aprobar alguna resolución retrotrayendo los niveles tarifarios a valores anteriores. Será un triunfo político sobre el gobierno actual, que obligará a su veto y es posible que ello pueda decidir un cambio de signo de gobierno en la elecciones del año 2019. ¿Habrán solucionado la crisis energética? De ninguna manera, no sería nada más que repetir políticas llevadas a cabo por el gobierno anterior, esconder los problemas bajo la alfombra y/o patear la pelota para adelante, con las consecuencias que todos conocemos.
Sería un nuevo paso atrás y una vuelta al populismo retrógrado, que dice obrar en defensa de los pobres (aunque estos están a cubierto a través de la Tarifa Social), olvidando que sin energía un país no puede desarrollarse y si no lo hace los más afectados serán siempre los más pobres.
