Por Ernesto Martinchuk, periodista parlamentario
Luego del anuncio del presidente Mauricio Macri en el mes de marzo que Inés Weinberg de Roca era su candidata para ocupar el cargo que dejó vacante en diciembre último Alejandra Gils Carbó, el Poder Ejecutivo envió el pliego correspondiente al Senado de la Nación.
De acuerdo con el Decreto 222/03, el Poder Ejecutivo debe publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días el nombre y los antecedentes de Weinberg de Roca, quien debió presentar una declaración jurada sobre sus bienes.
El trámite establece que durante 15 días desde la publicación en el BO, los ciudadanos y organizaciones podrán presentar ante el Ministerio de Justicia sus observaciones a la persona postulada.
Hubo dos impugnaciones presentadas en su contra. La primera fue de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al considerar que la jurista “no posee un claro compromiso con los derechos humanos”.
“La doctora Weinberg no cumple con lo referido a la exigencia de un claro compromiso con los derechos humanos, dado que sus posiciones públicas no resultan coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina”, señaló Abuelas en un comunicado en el que se recordó que como miembro del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Weinberg, al ser consultada por el proceso de justicia en ese país, contestó que sólo se “estaba generando prueba de un solo lado”.
“Entonces, tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien”, había señalado la titular del Tribunal Superior de Justicia porteño.
Además, la asociación señaló que en su actual cargo “emitió un fallo que faculta a la Policía a detener personas en la vía pública para pedirles identificación, sin una justificación objetiva”. “Este criterio implica un grave retroceso para las garantías constitucionales”, fundamentaron.
Al igual que Abuelas de Plaza de Mayo, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente para la Victoria-PJ) presentó una impugnación a la candidatura de Inés Weinberg de Roca para la Procuración General, en este caso por no haber declarado ante el Consejo de la Magistratura la remuneración que percibía por integrar Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas.
En el escrito dirigido al Ministerio de Justicia, Tailhade recordó que en 2013, cuando era candidata a integrar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Weinberg de Roca recibió una impugnación por la detección de “omisiones” en la presentación de sus antecedentes.
Ahora el Poder Ejecutivo elevó la propuesta a la Cámara de Senadores de la Nación, y tendrá que haber una audiencia con la candidata y una vez que el pliego llegue al recinto, allí necesitará los dos tercios de los votos. O sea, 48 senadores sobre 72, en una cámara donde el oficialismo cuenta apenas con 25 miembros.