“Vamos a ir hasta donde sea necesario porque tenemos certeza que hay cosas que no son claras y transparentes, si hay que judicializarlo lo haremos, no hay ensañamiento, pero hay sospechas de un mal manejo y no podemos dejarlo así como si nada”, dijo el concejal en cumplimiento de la función que le asignó la ciudadanía para controlar al Ejecutivo y sus cuentas.

Explicó además que “nos llamó la atención por la metodología de facturación y pagos sin justificación alguna que muestre por qué no están algunos eventos facturados a la Municipalidad, sino a comisiones –como las de Apoyo a la Cultura, Deporte y de Boxeo-que no tienen personería jurídica. Se trata de pagos sacados a nombre personal de los presidentes de la comisión o integrantes de las mismas con cheques a nombres propios y en algún caso –por eso mostramos la disposición de monto máximo para cobrar un cheque por ventanilla del Banco Central- como ocurrió con el presidente de la Comisión de Boxeo, Miguel López de Ipiña al que le entregan cuatro cheques de 50 mil pesos el mismo día del evento”, dijo al enumerar algunos puntos mencionados en la sesión.
  

Espeluse se refirió a uno de los casos observados y objetados para que lo analice el Tribunal de Cuentas en el que se rinde un ticket doce días más tarde -el 18 de octubre de 2017- de entregado el dinero a nombre de la Municipalidad de Tres Arroyos. No se sabe quién hizo el trámite por $45. 515. 

“El evento fue el 6 de octubre y cuando se rinde el ticket, se menciona en la documentación la orden de pago por $200.000.
En diciembre desde Tesorería se expresa el pago con un número de cuenta diferente al que figura en el ticket”, indicó Espeluse.
La factura de una empresa que fue la destinataria del pago por gastos del festival tiene fecha del 16 de marzo, cinco meses después de erogarse los $200.000, además es el comprobante número 1 – con un punto de venta uno “cuando debió tener una factura digital” y la factura 1, describió el concejal. 

El titular de la bancada de Cambiemos reveló que “es una empresa que no había facturado nunca hasta el evento, y su ingreso de actividades es del 1 de julio de 2016, pero su primer factura es el 16 de marzo de 2018. Tampoco hubo movimiento de personal hasta marzo, momento en que efectuó la factura que se rinde a la Comisión de Box por la diferencia del depósito de $154.435 y con un número de documento que coincide con el de López de Ipiña. Se facturó a nombre de él una contratación del Municipio que se rindió cinco meses más tarde, algo muy desprolijo y teniendo en cuenta que otros eventos costaron $40.000”, enumeró reclamos Espeluse. 

El concejal manifestó que “llama la atención que fue un evento en plena campaña y la duda es cuánto costó realmente. Todo lo que hicieron no tiene ninguna explicación, no hay razón”, dijo. Y agregó otra “desprolijidad” porque dijo que “tampoco coincide el número de documento de López de Ipiña en el listado de la Comisión y en las facturaciones”. 

De este tema enfatizó que, “es extraño que no se facture por el total del gasto, es informal que se facture cinco meses después y no por un pago total”. 

El 6 de marzo de 2017 se decretó un pago por $411. 000 pesos, para gastos del show ofrecido por Karina La Princesita, para la Fiesta del Trigo. “Aparece sin embargo una factura por $482.500 –continuó Espeluse- y otra facturación por $84.000 pesos como si fuera otra factura aparte de la anterior, como un gasto extra. No se sabe cuál es el gasto real, están los dos cheques y se factura en la rendición que hace la Comisión de Apoyo a la Cultura por $482.500, entonces nos preguntamos dónde están los otros $71.500 que faltan. Miramos el estado de comprobantes y la presidenta de esa Comisión, Marta Carioni, es a quien le pagaron los dos cheques”. 

En este punto Espeluse manifestó más que preocupación “¿qué hace, los endosa y los paga?”, cuestionó. Y continuó: “¿Cuál es el proceso para todo esto?”. 

Respecto a las declaraciones del concejal Guillermo Salim, en temas relacionados con Tribunal de Cuentas, Espeluse dijo que habló con autoridades del organismo que le informaron que el dictamen tuvo observaciones, “es cierto que no tuvo sanciones porque veían que no se retiraban las mismas faltas. Además me explicaron que un empleado como López de Ipiña no podría estar cobrando plata del Municipio como parte de una Comisión de Apoyo”. 

En el mismo sentido se refirió a una factura que lleva el documento de identidad del otro empleado municipal ligado actualmente al área de Deportes. En el City Hotel de Mar del Plata se facturó por servicio de alojamiento por $ 47.000 para los Torneos Bonaerenses. El documento que figura corresponde a Emiliano Zwaal, sin embargo la facturación se hace a nombre de la Comisión de Apoyo a la Cultura y el empleado municipal no era miembro de la misma.

“Nos llama la atención ya que es revisor de cuentas de la Comisión de Apoyo al Deporte y no tendría la potestad de pagar un subsidio”.
Espeluse mencionó que el empleado municipal se acercó al bloque de Cambiemos a pedir explicaciones y le informaron que como concejales hicieron lo que debían, que es el Ejecutivo el que debe responder por qué los pagos no salen por Tesorería y salen por la Comisión de Apoyo. 

“Tanto a Marta Carioni -u otros- les están haciendo mover dinero que no sé si saben que no lo van a poder justificar y hasta pueden quedar implicados en una investigación por lavado. Porque hay que justificar que presentaron $411.000 pesos a su nombre y aunque puedan decir que se los dio el Municipio, el Ejecutivo pone en riesgo a esas personas que están queriendo colaborar y hacen las tareas ad honorem”, afirmó. 

Espeluse aclaró que lo que argumentaron respecto al superávit del Entre Vial Rural no se sabe en qué se utiliza y la sugerencia fue que se use para la compra de nuevas máquinas. “No porque creamos que el trabajo se haga mal, todo lo contrario. Lo que surge es que con esos recursos no se sabe qué se hace”. 

Explicó que el ente tiene un plan de renovación de maquinarias y además en función de las planillas que entregan a los concejales se observa que el mantenimiento es excelente, pero que tiene una vida útil a pesar que las hacen durar hasta 10 mil horas más que lo que corresponde.
“Por eso proponíamos que nadie les manotee el dinero, sino que sirva para tener un parque automotor más moderno, son fondos afectados, ésa fue la cuestión. Creo que no entendieron lo que quisimos explicar en la sesión porque jamás dijimos que las máquinas no servían para nada, sino que ellos, que hacen bien los deberes, siempre terminan pagando el pato”, tiró Espeluse. 

En referencia al Hospital sintetizó que tiene un problema grave que el Ejecutivo no quiere asumir. Por eso -para Espeluse- es la gente quien paga las consecuencias además de tener que pagar una tasa solidaria de salud que se destina para compensar el déficit y no para mejorar “ni los salarios ni el funcionamiento o el servicio. La tasa no está ordenada ni bien administrada”, concluyó.