Por Ernesto Martinchuk
Las sospechas a versiones sobre enriquecimientos ilícitos o referidas a espectaculares cambios de la situación patrimonial de personas llegadas a altos cargos de la función pública, no son de ahora, pero nadie puede dudar –aún dentro de las más alta objetividad e igual desapasionamiento analítico- que en los últimos años llegaron a extremos increíbles. Pero no sólo la situación vivida en las últimas gestiones, justifica la necesidad de garantizar la moralidad en la administración pública. Esa exigencia se funda, también, en razones permanentes, pues la pérdida de la fe ciudadana en la honestidad, es un factor de graves consecuencias morales en el resto de la sociedad y actúa como una especie de impulso generalizado de deshonestidad y corrupción que invade a todos los ámbitos del país.
Los remedios para atacar estos males deben buscarse, sin embargo, con mucho cuidado, con precaución, sin dejarse arrastrar por fenómenos propios de un período desdichado de la vida del país. Debe meditarse, también, en la posibilidad de afectar indirectamente, sin intención de hacerlo, por supuesto, la honorabilidad de todos los funcionarios o de tornarles ingrata su misión al convertirlos, por el solo hecho de ocupar una tarea de alto nivel de responsabilidad, en sospechosos.
La pérdida de la fe ciudadana en la honestidad, es un factor de graves consecuencias morales en el resto de la sociedad y actúa como una especie de impulso generalizado de deshonestidad y corrupción que invade a todos los ámbitos del país
Se insiste desde hace muchos años en el procedimiento de las “declaraciones patrimoniales juradas” de los funcionarios cuando asumen sus cargos y verse sometido de manera permanente a controles especiales, en torno de su vida privada, sobre todo si se le anuncia que dichos controles habrán de continuar, después de su alejamiento del cargo.
El país ha padecido el tremendo mal de vastísimos grupos de personas lanzadas sobre la administración pública como sobre un botín a repartir, sin escrúpulos y hasta sin cuidar, -es ya tanta la decadencia moral- las formas más elementales por disimular sus actos o por evitar su difusión. La severidad de la Justicia, deberá ser ahora, el remedio eficaz, lo antes posible.
Deberán extremarse los recaudos para impedir situaciones similares. “Robar es un delito, pero arruinar al Estado es Traición a la Patria” y deben arbitrarse los medios para que tenga una sanción ejemplar a quien se desvíe del camino recto, ya que ocurre más a menudo de lo que pueda imaginarse.
La justicia debe actuar con celeridad para dar un mensaje, no sólo a los ciudadanos capaces y honrados, sino también a los niños y jóvenes de nuestro país.
