Según una nota de prensa enviada a este diario, la iniciativa tiene por objetivo fundamental reforzar los mecanismos de transparencia, impidiendo que la Provincia celebre contratos con personas físicas o jurídicas que hubieren admitido en sede penal ser autores o partícipes de delitos, en el marco de los regímenes de procedimiento penal conocidos como “el arrepentido” y de “responsabilidad penal empresarial”.
 

En ese sentido, el legislador tresarroyense expresó que: “los hechos de público conocimiento, que tuvieron lugar recientemente y difundidos a través de la prensa, ponen de manifiesto un entramado de corrupción público-privada, que pone a la ciudadanía en un estado de alarma social cuya consecuencia lógica es el cuestionamiento de las instituciones, por eso creo conveniente solicitar a las autoridades provinciales que actúen conforme a lo que la legislación vigente establece y la ciudadanía demanda”.  

Además, Garate presentó una Solicitud de Informe, pidiendo que a través del organismo que corresponda, se informe el listado de empresas que se encuentren ejecutando contratos de obra pública en la Provincia de Buenos Aires.

“La corrupción afecta estructuralmente a toda la sociedad. Las estrategias de prevención y combate de la corrupción deben transformarse en políticas de Estado que trasciendan los colores políticos de quienes transitoriamente ocupen los cargos de la administración pública”, finalizó el legislador Pablo Garate.