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Por Ernesto Martinchuk, periodista parlamentario
Los jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y representantes de diversas instituciones abrieron el debate, en un plenario de comisiones del Senado, sobre la reforma del régimen de financiamiento de los partidos políticos, y coincidieron en la necesidad de que las personas jurídicas (empresas y sindicatos) puedan aportar a las campañas electorales.
El tema se reactivó a partir de conversaciones entre el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, que dieron lugar a la elaboración de un borrador consensuado.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda recibieron a los jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE) Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, y especialistas de la Fundación RAP (Red de Acción Política), el CIPPEC, Transparencia Internacional y Poder Ciudadano.
A partir de estas opiniones, tanto Cambiemos como el peronismo avanzarán en ajustar la redacción durante los próximos días, y la intención es emitir dictamen dentro de dos semanas para que haya media sanción del Senado antes de que finalice el período ordinario.
Dalla Via aseguró que la CNE está “de acuerdo” con que las personas jurídicas -empresas privadas y sindicatos- puedan aportar a las campañas electorales, algo que en la legislación actual está vedado y que el Gobierno quiere revertir -con un tope-.
El camarista aclaró que la Constitución Nacional “da margen para un financiamiento mixto, público y privado”, por lo que insistió en avanzar con esta reforma.
Por otra parte, pidió “que los plazos de utilización de la publicidad de campaña sean más rígidos”, ya que “Argentina tiene plazos muy cortos para limitar la publicidad oficial”, que “no evitan el efecto denominado ‘cancha inclinada’”.
Dalla Via además planteó una “inquietud” con respecto al proyecto de Pichetto “en cuanto a la trazabilidad de los aportes a partir de la AFIP”, al considerar que “esto va a andar mejor si le damos autonomía al derecho electoral”.
“Tenemos que defender la competencia electoral. La trazabilidad debe hacerse desde los registros de la CNE, y si se detecta alguna irregularidad no habría inconveniente en efectuar la denuncia en el Juzgado Penal”, dijo, y señaló que “cuando las causas electorales van al fuero penal terminan en grandes escándalos pero no en la cuestión técnica”.
En otro orden, destacó el aumento del cuerpo de peritos auditores de 7 a 25, contemplado en el proyecto del senador Ángel Rozas (UCR).
En cuanto a las sanciones, opinó que éstas “tienen que estar más vinculadas al candidato que al partido”, y precisó que desde la implementación del sistema actual se aplicaron 5.366 multas, 4.548 suspensiones de aportes y 4.861 pérdidas de aportes para la campaña siguiente, lo que configura la mayor sanción para un partido.
Por último, el juez de la CNE consideró que “deberían discutirse estándares a nivel nacional”, al indicar que el hecho de que muchas provincias no tengan leyes de financiamiento de los partidos “es un grave problema”.
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