Después que el pasado martes la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires pidió la destitución del juez Onildo Osvaldo Stemphelet por “falta de dignidad, buena conducta y graves irregularidades en los procedimientos a su cargo”, a raíz del escándalo derivado tras el robo sufrido y denunciado por el propio magistrado en una casa de citas de Bahía Blanca, el Senado analiza los fundamentos presentados por el doctor Julio Comte Grand.
El estudio de esos documentos corre bajo la responsabilidad de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que depende de la Cámara Alta, donde además del pedido de destitución del titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de Bahía Blanca, se solicitó también, como medida precautoria, su “apartamiento preventivo”.
“Le imputan faltas al artículo 21, incisos ‘F’, ‘I’ y ‘Q’, de la ley 13.661, relacionada con las normas de procedimiento para el enjuciamiento de magistrados y funcionarios”, conformó el doctor Ulises Giménez, titular de la secretaria que funciona en la Cámara Alta.
Según informó el sitio La Nueva.com, el inciso “F” prevé como falta “la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone”.
Según informó el sitio La Nueva.com, el inciso “F” prevé como falta “la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone”.
El “I”, la “comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido” y el “Q”, “toda otra acción u omisión que implique defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura”.
Tal como lo indica el procedimiento para realizar el proceso de enjuiciamiento al juez que, en la actualidad se halla suspendido por 90 días, ahora corresponde notificar a las partes -entre ellas Stemphelet y al presidente del Senado- y realizar el sorteo para el jurado, que debe estar compuesto por 5 abogados de la matrícula, conjueces de la Suprema Corte y 5 diputados y senadores abogados, bajo la presidencia del titular de la Corte, un procedimiento que puede desembocar en la remoción del magistrado.
Extraña decisión
Mientras que, en forma paralela, distintas fiscalías bahienses investigan si el 15 de mayo hubo un allanamiento irregular en el supuesto prostíbulo de la calle Rivadavia 2280 y la posible existencia de explotación sexual o trata de personas en el lugar, el análisis del impacto que la moralidad del caso genera en el cargo de Stemphelet está en manos del Senado.
El escándalo que, a su vez, derivó en la suspensión del juez bahiense que, hasta 2015 supo desempeñarse como secretario de la Defensoría Oficial de Tres Arroyos, ocurrió el pasado 15 de mayo, pero trascendió casi un mes después.
El 13 de junio, la prensa bahiense difundió la existencia de la denuncia impulsada aquella madrugada por el propio Stemphelet, quien sin apelar a su investidura de magistrado, le reconoció a la policía que acudió a su llamado, que había pagado por una cita sexual con una prostituta de origen paraguayo, a quien acusaba de robarle la billetera con 3000 pesos y una tarjeta de crédito.
