Reclaman políticas públicas, contra la obesidad y el sobrepeso

LA VOZ DEL PUEBLO habló con Marcos Filardi, abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, que además es docente de la cátedra de libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. 

Contó que las instituciones como Redasa son convocadas por la OPS junto con Unicef, y que básicamente lo que procuran hacer es “transmitir la preocupación de las agencias especializadas en Naciones Unidas, en Salud y en Niñez, de las deficiencias que hay en el etiquetado en Argentina, y las deficiencias que hay en las políticas públicas en Argentina para contrarrestar la epidemia de sobrepeso y obesidad”. 

Con este objetivo la semana pasada se concretó una nueva reunión en la Cámara de Diputados de la Nación. “En un momento se les preguntó a los diputados y senadores, en los múltiples proyectos que hay presentados sobre sobrellevar la epidemia de sobrepeso y obesidad que hay en el país, y ellos estimaron que a fin de año después de las primarias podría llegar a haber a una media sanción en alguna cámara”. 

Contó además que se trató de la tercera jornada que se hizo en el mismo sentido, desde 2016. “Seguimos discutiendo y los proyectos no salen, tampoco sale un regulación efectiva de parte del Poder Ejecutivo. Ellos estimaron que están cerca de lograr algún dictamen y a ese dictamen llevarlo al recinto y quizá tenga una media sanción. Veremos de acá a fin de año si este pronóstico se demuestra cierto, o no”, planteó. 

Una de las políticas públicas que se encuentran reclamando es la del etiquetado frontal, que países como Perú y Chile aplican. “Es una de las tantas que el Estado puede implementar para resistir la epidemia de sobrepeso y obesidad, no es la única. No se agota todas las políticas públicas en el etiquetado”, remarcó. 

Dijo en este sentido que en el Congreso, en ambas cámaras, hay distintos proyectos. “Unos son más amplios, más integradores, otros más restringidos que apuntan básicamente al etiquetado. Lo que se está tratando es que de acá a fin de año salga algo de todo eso que anda dando vueltas”, expresó el también integrante de Redasa. 

Para poder graficar un poco más la intención del reclamo, consideró que es importante problematizar una categoría de objetos comestibles, como los ultraprocesados. “Son distintos respecto a los alimentos naturales y los mínimamente procesados. Son aquellos a los que la industria le adiciona deliberadamente azúcar, grasas y aditivos como colorantes, saborizantes, emulsionantes”, señaló. 

Y añadió que se decidió apuntar a los alimentos ultraprocesados como problemática porque “tienen gran cantidad de azúcar, grasa y de sal, que están asociados a redes crónicas no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad”. 

 A ésta realidad se le suma que en la actualidad la Argentina no tiene ningún etiquetado que advierta sobre la cantidad de grasa y azúcar que esos alimentos tienen. “Argentina ni siquiera tiene que declarar la cantidad de azúcar agregada de un objeto comestible, por decir un caso”, sostuvo para dar un ejemplo. 

Respecto a la aplicación del etiquetado frontal explicó que “revelen la presencia de nutrientes críticos altos en azúcar, grasa, grasas saturadas, o en sal. Eso se llama advertencia frontal”, resaltó. 

Para explicar por qué es necesario el etiquetado mencionó como ejemplo que muchas veces se dice “vos le agregás mucha sal o mucha azúcar a un alimento preparado”, “pero en la realidad la mayor ingesta de azúcar y de sal viene justamente por esa azúcar y sal oculta en los alimentos ultraprocesados”, subrayó. 

Asimismo contó que Argentina suscribió un plan de acción contra la obesidad y el sobrepeso en el año 2014. “Básicamente son cinco grandes temas: uno el etiquetado que actúa como puerta de entrada a otras políticas públicas como por ejemplo la experiencia chilena”, dijo. 

Explicó entonces que cuando el producto ultraprocesado tiene un sello negro, está sujeto a una regulación diferenciada, por eso se considera que el etiquetado es la puerta de entrada a otras políticas públicas. Entonces Filardi contó qué hace Chile. “Si tiene un sello negro, no puede ser comercializado en la escuela; no puede ser objeto de publicidad; no puede tener ninguna imagen de gratificación infantil como al tigre Tony en la zucarita, ni a Mesien las Lays”. 

De ese modo se prohíbe la asociación de un objeto que tiene un nutriente crítico con una imagen que genere cierta gratificación infantil, algo que tiene mucho respaldo de evidencia científica. “Hay unos estudios que se llaman de transferencia hechos en niños. Los hizo la OPS y expone a niño a dos alimentos distintos: un paquete que asocia con Toy Story y en otro con ninguna imagen en el paquete. El 90 por ciento de los niños prefiere el paquete con Toy Story, a pesar que es el mismo alimento. Eso se llama efecto de transferencia. El personaje que el niño ama le transfiere propiedades a ese objeto comestible. Obviamente es una estrategia de marketing de la industria alimentaria para aumentar las ventas de estos productos”, precisó el abogado. 

Filardi dijo claramente que el etiquetado no es el único recurso con el cual poder implementar políticas públicas con las cuales enfrentar los problemas de obesidad y sobrepeso. Por eso recalcó que también existen los “entornos educativos saludables”. 

Para ello se preguntó: “¿Permitís que en la escuela ingresen alimentos ultraprocesados, o no?; ¿se permite la publicidad de alimentos ultraprocesados, o no?”. Y añadió que hay directrices en el Ministerio de Salud sobre el entorno de educativos saludables que comprenden, por ejemplo, “que cada escuela tenga suficientes bebederos de agua potable para que los chicos no estén obligados a ir a la cantina o el kiosco a comprar una gaseosa”. 

También contó que otro gran núcleo de políticas públicas tiene que ver con las políticas fiscales. “En qué medida vos interferís en el sistema impositivo de modo tal de desalentar el consumo de productos que van a ser perniciosos para la salud, como por ejemplo con el impuesto a las bebidas azucaradas que México implementó”. 

En el caso de nuestro país contó que “el año pasado el Ministerio de Salud anunció que con el Pacto Fiscal iba a implementar un impuesto a las bebidas azucaradas. Ahí las empresas presionaron para que eso no suceda. Finalmente Macri necesitó los votos en Tucumán -provincia productora de azúcar- para la reforma previsional y bajó el proyecto del Pacto Fiscal a las bebidas azucaradas”, dijo en relación a la actitud política tomada por el presidente de la Nación. De ese modo explicó que por el momento en Argentina –impositivamente- no se puede desalentar el consumo de este tipo de bebidas comprendidas en el grupo de los alimentos ultraprocesados.