Piden informes sobre las obras realizadas con el Fondo Educativo

En el marco de una sesión ordinaria no exenta de cruces y cortocircuitos, el Concejo Deliberante aprobó que las declaraciones juradas de los funcionarios sean de carácter público, al tiempo que, dentro de los pocos proyectos de ordenanzas abordados, se avaló la prohibición para acampar en las playas de Claromecó, Reta y Orense. 

Pero la sesión, que duró casi tres horas y media, entró en momentos de discusión cuando los bloques de Juntos por el Cambio y de Todos protagonizaron un intercambio de posiciones en torno a la polémica que durante la semana se dio por la obra de gas en el Centro Educativo Complementario Nº 801. 

Los cuestionamientos al municipio, principalmente, se dieron a partir del tratamiento de dos pedidos de informes presentados por el Bloque de Todos, los cuales fueron abordados en conjunto durante la sesión. 

Uno de ellos estuvo dirigido al Departamento Ejecutivo para que informe sobre las obras realizadas por personal municipal en establecimientos educativos del distrito con recursos de Fondo de Financiamiento Educativo durante 2018/2019. En tanto, a través de un pedido, el espacio se dirigió al Consejo Escolar para obtener precisiones acerca de las condiciones de seguridad y cuestiones de infraestructura de distintas escuelas de la ciudad. 

Los argumentos de ambas presentaciones fueron esgrimidos por la concejal Tatiana Lescano, quien brindó una extensa alocución. Durante la sesión, dijo que la obra en el CEC 801 “fue mal hecha, pero también creemos que la clausura -suspensión de actividades- en la entidad también fue mal hecha. Trabajadores municipales estuvieron un año en el lugar y tres meses después de finalizada la obra recién ahí se realiza la inspección de la obra. No hubo ningún informe técnico cuando el lugar ya había sido utilizado aún sin tener el mobiliario completo”, sostuvo la edil. 

Por su parte, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Horacio Espeluse, indicó: “No se tomó el tema con la urgencia que tenía ante una situación preocupante que pudiera llegar a generar una tragedia; la electricidad es peligrosa, pero el gas es catastrófico cuando sucede un siniestro”. 

En tanto, apuntó hacia la figura del subsecretario de Servicios Públicos, Roberto Pissani. “Lo que más me preocupa es que el responsable salga a desmentir, a agredir a quienes dicen que todo está mal hecho. Él debería estar ya mismo en su casa, dejar el cargo por vergüenza, porque si un solo chico tiene una consecuencia por su irresponsabilidad, más que una sentencia penal, le tendría que dar vergüenza y debería irse a su casa”, arremetió el edil. 

Ambas presentaciones fueron aprobadas por unanimidad, sin que desde el Movimiento Vecinal se haya puesto de manifiesto algún tipo de defensa. 

En tanto, desde el Bloque de Todos se pidió un informe con respecto a la cantidad de cupos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) aprobados en las distintas modalidades y también los que no fueron aprobados. 

“Se faltó a la verdad: los cupos no estaban garantizados y en cuanto a la alimentación. La Provincia destina 29,80 pesos por alumno contra los más de 50 pesos que insume cada plato. También se destinan 18,80 pesos para el desayuno cuando el costo real es de 24. Un alumno me dijo que ‘no hay peor cosa que los guisos de los lunes’. Es preocupante y a uno lo ponen mal estas cuestiones”, afirmó Martín Garrido. 

“Como ya no tiene sentido dirigirnos a la Provincia porque no responde y como los consejeros escolares que los representan nos mienten, no esperamos una respuesta sino una solución en este contexto”, agregó. 

En tanto, Marisa Marioli, desde Juntos por el Cambio, defendió a la gestión bonaerense. “La solicitud de ampliación de cupos se envía a Provincia para su aprobación y siempre fue así. El 1º de junio se indica que lo correspondiente a pago a proveedores se haga con el expediente del Consejo Escolar; es decir, que la capacidad estuvo asegurada porque con una asistencia media del 85 por ciento se podía brindar el servicio a todos quienes lo necesitaran”. 

El tema de la carrera médico hospitalaria volvió a originar cuestionamientos hacia el Ejecutivo. En la ocasión, fue a partir de un pedido de informes del Bloque de Todos que dirigió su reclamo hacia el Centro Municipal de Salud. “Queremos que nos eleven un informe detallando para ejercer un control para saber si los profesionales de la salud trabajan bajo las normas y reglamentaciones correspondientes, pensando en que cuanto mejore este el profesional trabajando brindará mejor servicio”, señaló la edil Andrea Montenegro. 

Lo dicho por la concejal tuvo eco en Juntos por el Cambio, que, a través de Horacio Espeluse, también cuestionó al municipio. “Desde hace tiempo venimos planteando el incumplimiento ordenanza de la carrera médico hospitalaria. La muestra más clara de eso son los juicios que los profesionales han iniciado”, sostuvo.