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El presidente Alberto Fernández pidió hoy por “una sociedad igualitaria, con plenitud para todos, más allá de su condición de género y de identidad sexual”, al participar junto a su gabinete de la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres y diversidades.
“Queremos una sociedad igualitaria, con plenitud para todos más allá de su condición de género y de su identidad sexual, queremos una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse”, explicó el mandatario al intervenir en el cierre de la actividad, informó la Presidencia en un comunicado de prensa.
Para asistir a la actividad, que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Fernández y su gabinete caminaron las cuadras que separan a la Casa Rosada del ex edificio del correo argentino.
“Me dijeron que hoy venía como alumno”, bromeó Fernández, quien lució una corbata verde, al hablar ante los asistentes al curso, cerrado para la prensa, dictado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la integrante del Consejo de Asesores de la Presidencia, Dora Barrancos, para ministros, secretarios, subsecretarios y empleados del Estado Nacional.
La capacitación está prevista en la Ley Micaela, sancionada por el Congreso de la Nación en 2017 y destinada a las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado, en todo el territorio nacional.
Sobre el cierre de la actividad, Fernández subió al estrado y compartió algunas reflexiones con Gómez Alcorta y Barrancos, para quien la ley de Identidad de Género constituyó el “bien de exportación más importante” del país de los últimos años.
“Cada vez que le demos derechos a la gente celebremos porque vamos a ser mejores”, expresó a su turno el Presidente. “Somos una sociedad pensada y construida a partir del hombre, donde la mujer sólo fue un acompañamiento, descuidando objetivamente que fue parte esencial de la sociedad argentina”, marcó.
Luego, en declaraciones a periodistas acreditados de Casa Rosada, Fernández consideró “muy valioso” lo que “impone” la ley, en cuanto a la “necesidad de que la sociedad tome conciencia de la desigualdad entre el hombre y la mujer y de lo imperdonable de la supremacía del hombre contra la mujer”.
“Yo entiendo que eso es parte de una cultura que existió durante muchos años pero ahora que nos damos cuenta de lo que pasa no podemos seguir siendo complacientes. Hoy es un día para reflexionar sobre la igualdad no sólo de la mujer con el hombre sino de todos los géneros y del respeto a la diversidad”, señaló durante el breve contacto en el salón de los Bustos.
Por último, consideró que “ha sido una muy buena mañana” para él porque “todo el Gobierno escuchó a Dora y Elizabeth sobre cómo debemos actuar para que esa desigualdad se termine de una vez y para siempre”.
La ley
La Ley Micaela (que hoy cumple un año desde su promulgación y coincide con el primer mes de gestión del nuevo gobierno) tiene como objetivo promover el desarrollo de un plan de formación continuo para dinamizar la transformación cultural al interior del Estado, que garantice igualdad de oportunidades y derechos.
En abril de 2017, Micaela García, integrante del colectivo Ni Una Menos y militante del Movimiento Evita, fue víctima de femicidio en la ciudad entrerriana de Gualeguay, por un hombre que recibió la pena a prisión perpetua por el crimen.
Ley Micaela, sancionada en 2018 por el Congreso de la Nación, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, lo que hoy cumplió el presidente Alberto Fernández junto a todo su gabinete.
El nombre de la norma homenajea a Micaela García, la joven de 21 años que fue víctima de un brutal femicidio al ser violada y asesinada en abril de 2017 a la salida de una discoteca en la ciudad de Gualeguay, en Entre Ríos, por un hombre con antecedentes de haber cometido ataques sexuales,
La capacitación que establece esta ley, cuyo número es 27.499, comprende a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías.
Entre sus puntos, fomenta que las oficinas de capacitación de cada organismo lleven adelante la construcción de materiales y programas nuevos, o adapten los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por “las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.
Asimismo, propone la participación de las áreas, programas u oficinas de género, y las organizaciones sindicales como responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones.
En su artículo 8, sostiene que “las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate”.
Algunos casos de adhesión a la ley, por ejemplo, se dieron en noviembre pasado cuando el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) aprobó, por unanimidad, el proyecto que establece la capacitación obligatoria en los temas de género y violencia contra las mujeres en consonancia con la norma. (DIB)
