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Investigación a Berra: coinciden en que no hubo espionaje al Municipio

El exdirector de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Berra, enfrentará el próximo 29 de junio una audiencia indagatoria en la causa que lleva adelante la doctora Cecilia Corfield, titular de la Fiscalía N°15 de La Plata, por “abuso de poder y peculado”.

Entre las acusaciones que efectúa el Ministerio Público, se planteó el requerimiento de informes por parte de Berra como titular de la Auditoría de Asuntos Internos, sobre municipios y sus funcionarios, entre ellos el de Tres Arroyos. 
Sin embargo, ese requerimiento, que en no pocos medios de comunicación fue calificado como “espionaje”, respondería a una consulta en bases de datos de acceso público, pero arancelados de la plataforma “Nosis”. 
Es por ello que, tanto la fiscal Cecilia Corfield, como la defensa de Guillermo Berra, coinciden en aclarar que “no hubo espionaje” en Tres Arroyos y, en el caso de la investigadora, hasta aclaró que, si hubiera sospechas sobre la presunta comisión de ese delito, correspondería que sea investigado por la Justicia Federal. 
Cabe recordar que, en los últimos días, trascendió el inicio de las acciones penales por «abuso de autoridad y peculado» impulsadas por la fiscal Corfield, quien consideró que Berra y su esposa, María Rosario Sardiña, obtuvieron «información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial», durante los años 2016 y 2019. 
Sin embargo, y a pesar de las interpretaciones periodísticas en las que derivó la trascendencia de la causa, consultada por LA VOZ DEL PUEBLO, la propia fiscal se encargó de desmentir la versión y explicar las razones por las que no se considera la posibilidad de que Tres Arroyos haya sido objeto de “espionaje”.
“La palabra ‘espionaje’ surge de los medios periodísticos, de hecho, de investigarse ese delito, (la Auditoría de Asuntos Internos) no tiene los recursos para hacerlo y, además, debería ser girado a la Justicia Federal, porque este Ministerio Público no tiene la potestad de actuar en casos de espionaje”, comentó la doctora Corfield. 
Por el momento, la titular de la Fiscalía N°15 de La Plata, aún no puede determinar para qué fue utilizada esa información obtenida en las plataformas aranceladas, aunque el Ministerio Público asegura que habría podido establecerse que un organismo administrativo dedicado a investigar únicamente faltas administrativas respecto de la policía de la Provincia de Buenos Aires, accedía a información financiera, comercial o crediticia de organismos que nada tienen que ver con la Auditoría de Asuntos Internos, se indicó.
“No hubo pinchaduras” 
Por su parte, fuente ligadas a la defensa de Guillermo Berra consultadas por este diario, coincidieron con la fiscal de la causa en que, “no hubo pinchaduras de teléfonos ni espionaje al Municipio de Tres Arroyos”. 
De acuerdo a los datos que la representación legal de Berra maneja, la orden de imputación que lleva adelante la fiscal Cecilia Corfield, no menciona nada respecto a que se hubieran “pinchado” teléfonos o que se realizaran tareas de inteligencia o espionaje.
“Esto es un error, de la municipalidad de Tres Arroyos dice que se sacó un Nosis que es un sistema de búsqueda de datos que se realiza sobre base pública”, explicó la fuente consultada por LA VOZ DEL PUEBLO. 
En el mismo sentido agregó que “Tres Arroyos figura (en el expediente) porque para actualizar notas, o corroborar un teléfono o algún dato desactualizado en la página web del municipio y, ante la necesidad de certificar algún domicilio, se requirieron esos informes. En este caso, si se investigaba a efectivos que eran parte de la Policía Local y, de alguna manera, estaban relacionados con el Municipio al hacer la consulta, la misma base de datos llevaba a otro”. 
Luego de argumentar que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habilitó el uso de la plataforma Nosis para la recopilación y almacenamiento de información sin limitaciones ni condicionamientos, se defendió el uso de ese servicio,
“es lícito utilizar esta herramientas para cumplir con la función que tiene la AGAI”, cuando tales acciones se realizaron en el marco de la ley de creación de Asuntos Internos para las investigaciones patrimoniales contra miembros de la policía denunciados por actos de corrupción y por enriquecimiento ilícito. 
“Todos los sumarios cuya recolección de datos no dieron resultados razonables, se comunicaron a la Justicia y los que sí lo fueron, se archivaron”, agregó la fuente. 
Asimismo, explicaron que para obtener información en diferentes causas, también solicitaron oficios a Migraciones, al Registro del Automotor y al Registro de la Propiedad que respondieron por el mismo medio y luego trabajó un equipo de contadores, instructores con un protocolo según lo determina un decreto de funcionalidad de Asuntos Internos.

 

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