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JUEVES 13.06.2024
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Juzgaron a un acusado de abigeato a 87 días de un hecho en flagrancia

Un sujeto acusado de “abigeato calificado” a raíz de la sustracción de un animal vacuno en un campo de la familia Vizzolini, donde resultaba empleado, fue juzgado el viernes en nuestra ciudad. 

El debate, que fue ventilado ante la doctora Fabiana Brandolín, en su carácter de jueza unipersonal del Tribunal Oral Criminal de Tres Arroyos, se llevó a cabo a 87 días de la madrugada del 12 de julio, cuando el personal del Comando de Prevención Rural procedió a la detención de Ramón Wilfredo Gómez, empleado del establecimiento rural “La Chicha”, un predio dedicado a la ganadería, ubicado en el Cuartel XVIII, y propiedad de Mariela Vizzolini, a quien le sustrajeron una vaquillona de raza Angus, colorada, de 300 kilos de peso.

Fabiana Brandolín. Jueza del Tribunal Oral Criminal de Tres Arroyos

Esa madrugada, el animal fue depostado y hallado en un campo vecino, durante un procedimiento policial que fue cuestionado y utilizado como razón para que la abogada que lo representa, la doctora Patricia Stadler, solicite la libre absolución tras el juicio llevado a cabo en una única jornada en la mañana del pasado viernes. 

Patricia Stadler. La defensora pidió la libre absolución del imputado

Durante los alegatos celebrados ese mismo día, además, la Fiscalía de Instrucción y Juicio, a cargo del doctor Gabriel Lopazzo, pidió la pena mínima para los delitos de “abigeato calificado, con el agravante de ser cuidador y encargado de campo y hacienda”, que prevé una pena de 4 a 10 años de prisión, y subsidiariamente, una pena de 2 a 6 años, de acuerdo a la calificación alternativa prevista por el artículo 167 del Código Penal.

Razones de lo inédito 
Haber resuelto un debate a ochenta y siete días del inicio de la causa tiene un tono inédito por estos días, sobre todo por las restricciones a raíz de la pandemia y los plazos de la Justicia argentina. 
Sin embargo, fuentes judiciales consultadas al respecto, observaron que la expedición de las partes en la presentación de la prueba y sus respectivos argumentos, ayudaron al aceleramiento de los tiempos que, de por si prevén los hechos supuestamente frustrados “en flagrancia”, como el que se le imputa a Gómez, quien llegó a juicio en calidad de detenido en la Unidad Penitenciaria N°19 de Saavedra, a raíz del monto de la pena del delito por el que el Juzgado de Garantías había aceptado elevarla a juicio.
El “abigeato calificado” tiene una pena prevista por el Código Penal que oscila entre los 4 y los 10 años de prisión, castigo que extingue la posibilidad de hacerlo excarcelable, a pesar de que el imputado no tenga antecedentes penales, como es en este caso. 
La comisión de un hecho supuestamente cometido “en flagrancia” implica un ahorro de tiempo tan valioso como la realización de un procedimiento policial que permita la captura de sospechosos “con las manos en la masa”.
Eso, sumado a la ausencia de miedos y confianza, basados en el estricto cumplimiento las medidas sanitarias previstas en los protocolos para evitar la propagación del Covid19, terminaron siendo la clave para un aceitado servicio de Justicia. 
El próximo jueves 15 de octubre a las 12, en la sede del Tribunal Oral Criminal, se fijó como fecha para la lectura de este fallo en primera instancia.
 
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