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      Advierten que la nueva ley de tierras facilitaría los "desalojos exprés"

      Desde el CELS aseguran que el proyecto del Ejecutivo busca atraer capitales extranjeros, pero desprotege a las comunidades locales y agiliza las expulsiones de inquilinos.

      4 de agosto de 2026 | 17:54
      Leandro Vera Belli, sociólogo y coordinador del CELS, durante su análisis del proyecto de tierras en televisión (Canal 8 de Tucumán)
      Leandro Vera Belli, sociólogo y coordinador del CELS, durante su análisis del proyecto de tierras en televisión (Canal 8 de Tucumán)
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      El debate legislativo en el Senado sobre la reforma a la actual Ley de Tierras encendió las alarmas de diversas organizaciones sociales. Cabe recordar que la normativa vigente fue diseñada para proteger los recursos estratégicos del país, limitando la titularidad extranjera de terrenos rurales al 15% del territorio. El nuevo proyecto impulsado por el Ejecutivo, enmarcado en la "inviolabilidad de la propiedad privada", busca elevar ese tope al 25% y flexibilizar los controles estatales. Frente a este escenario, Leandro Vera Belli, sociólogo y coordinador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), analizó la iniciativa y advirtió sobre un abanico de desregulaciones encubiertas.

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      Desregulaciones y desalojos

      Según explicó el especialista, el proyecto propone un cambio normativo profundo que trasciende el ámbito rural. "Este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada incluye un conjunto de desregulaciones y modificaciones de normas que, entre otras, incluye el tema de tierras rurales", señaló Vera Belli. En esa línea, cuestionó duramente la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, una normativa ambiental clave que no establecía una prohibición genérica, sino restricciones temporales al cambio de uso de superficies incendiadas —30 años para bosques nativos y 60 para zonas agrícolas o pastizales— a fin de evitar la especulación inmobiliaria.

      Además del aspecto ambiental, el sociólogo alertó por "la posibilidad de que los desalojos sean más rápidos, lo que se llama desalojos exprés en el marco de una derogación de Ley de Alquileres; y los límites a las expropiaciones por parte del Estado Nacional".

      Inversiones tecnológicas y comunidades locales

      La iniciativa parece estar diseñada a medida para seducir a nuevos actores globales. Al respecto, el coordinador del CELS puntualizó: "Lo que se propone es un cambio normativo, un nuevo despliegue jurídico para que nuevas empresas y nuevos capitales vinculados a la tecnología o a la inteligencia artificial puedan adquirir tierras donde puedan incluirse tierras que tienen espejos de agua o corrientes de río, para ser más llamativas y rentables".

      En cuanto a la flexibilización de los topes a la propiedad extranjera, advirtió que la norma "pondría un límite mayor a la venta de tierras, pasaríamos del 15% al 25%", pero recalcó que "lo que no queda en claro es cómo ese porcentaje se va a llevar a cabo dentro del territorio a nivel jurisdiccional o departamental". En este marco, subrayó el inminente peligro que corren las poblaciones locales: "En aquellos lugares donde hay pueblos originarios que tienen otro tipo de vínculo con los títulos de las tierras, es muy preocupante que este proyecto de ley se sancione porque implicaría este conflicto de que alguien compre tierra y donde ya hay gente viviendo adentro. Generalmente viene acompañado de una expulsión, una movilización o una relocalización de esta población, siempre de formas que incluyen la violencia".

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      El retiro del Estado

      A modo de conclusión, el especialista en planificación urbana enmarcó esta flexibilización dentro de un modelo económico de gestión mucho más amplio. "Este proyecto de ley, en conjunto al RIGI y el super RIGI, es el nuevo despliegue jurídico y las nuevas formas de atraer estos capitales", sintetizó. En contrapartida, lamentó que "lo que no se tiene en cuenta en toda esta cuestión es los derechos de la población argentina, tanto a tener tierra para producir alimentos, para la propia cuestión soberana, como así también la posibilidad de que el Estado Nacional cuente con herramientas para proteger a los inquilinos de los desalojos".

      Tras repasar los puntos críticos de la iniciativa en diversos canales de televisión de todo el país —entre ellos Canal 6 de Entre Ríos, Canal 7 de Mendoza, Canal 8 de San Juan, Canal 8 de Tucumán, Canal 10 de Córdoba y Next Tv de Rafaela—, Vera Belli dejó una reflexión final sobre el clima social: "La población o gran parte de la población comienza a ver que este proceso actual de gobierno incluye un retiro del Estado Nacional en el conjunto de sus obligaciones".

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