Amenazas en escuelas: Minoridad tiene a un solo responsable

La responsable de la fiscalía Nº4 del fuero de minoridad, Marina Vizzolini, contó a La Voz del Pueblo que de los cincos teléfonos secuestrados por la policía tresarroyense en el marco de la investigación por las denuncias por amenazas en escuelas de la ciudad, pudo confirmar la participación de uno de los investigados.

Si bien fueron cinco los dispositivos, para la investigación son cuatro los estudiantes sospechados de haber participado en los hechos.

“Respecto a los cuatro menores sospechados las pericas de los teléfonos solo dieron positivo respecto a uno, los restantes no”, respondió Vizzolini al ser consultada al respecto.

En tanto explicó que relacionado con publicaciones en una página de una red social de Instagram, se lo considera “inimputable”. No obstante remarcó que se está trabajando con peritajes psicológicos y socio ambientales, respecto al menor identificado como responsable de las amenazas.

Abordaje en Educación

La inspectora jefe distrital de Educación, Angélica Galván, se refirió a la situación de los alumnos que resultaron identificados por la investigación policial como responsables de las amenazas que alteraron el clima escolar en el distrito, en el marco de un reto viral que afectó escuelas en todo el país.

Galván explicó a La Voz del Pueblo que, desde el ámbito educativo, se encuentran a la espera de los oficios judiciales que deben llegar formalmente a las instituciones educativas, ya que hasta el momento la justicia no notificó de forma directa a la jefatura sobre las identidades de él -o los- implicados.

Una vez que disponga de esa información de modo oficial, la inspectora señaló que el protocolo de actuación será bajo la figura de medidas reparadoras, en estrecha relación con los Acuerdos Institucionales de Convivencia.

“Van a tener algún tipo de sanción y medida reparadora”, afirmó la funcionaria quien aclaró que cualquier proceso se realizará bajo el resguardo necesario que requieren los menores de edad en el sistema educativo.

Explicó además que el enfoque no se limita a la sanción, sino que busca la reflexión que implicaron estos hechos. La autoridad local educativa aclaró que se trabaja con los jóvenes para que comprendan que “una amenaza nunca es una broma”, sino que se trata de una acción que configura un delito.

Por ello remarcó que el dispositivo de intervención incluye espacios de diálogo y reflexión sobre los límites, buscando que los estudiantes comprendan las consecuencias legales y sociales de sus actos.

Indicó que en este tipo de intervención participa la Mesa Multisectorial.

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LaVozDelPueblo

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