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      Cara la “macana”

      Aplicando mano dura al bolsillo y responsabilidad compartida, el secretario de Seguridad, Juan Apolonio, propuso al Concejo Deliberante elevar las sanciones a los padres de menores que cometan contravenciones o alteren el orden público

      16 de mayo de 2026 | 21:36
      Juan Apolonio, secretario municipal de Seguridad
      Juan Apolonio, secretario municipal de Seguridad
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      El secretario municipal de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, contó cómo es la propuesta que busca reformar el Código Contravencional Municipal.

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      La iniciativa surge tras una serie de incidentes que involucraron a menores, desde daños a patrulleros y cámaras de seguridad hasta recientes amenazas en escuelas locales, en el marco de un reto viral que impactó en instituciones educativas de todo el país.

       

      Un artículo “olvidado”

      Apolonio explicó que la base legal ya existe, y se trata del artículo 303 de la ordenanza 1183, aprobada en 2010.

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      Según el funcionario, esta herramienta no fue utilizada por la gestión anterior del Movimiento Vecinal -durante 16 años- pero su gestión en Seguridad bajo la intendencia de Pablo Garate (Fuerza Patria) considera “fundamental para tratar de corregir conductas sobre los menores en compañía de sus padres”.

       

      Multas más severas

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      Uno de los cambios más drásticos es el incremento de las sanciones económicas. El proyecto propone elevar las multas, que actualmente oscilan entre el 20 y el 200 por ciento de un sueldo municipal, a un rango de entre el 50 y el 300 por ciento, lo que representaría cargos entre 350.000 y hasta 2.100.000 de pesos.

      “Lamentablemente, si no producís una sanción que le afecte en el bolsillo, no modificamos conductas”, sentenció Apolonio.

      Además advirtió que estas infracciones quedarán registradas y podrían impedir, por ejemplo, la renovación de la licencia de conducir en el futuro.

       

      Más conductas observadas

      La reforma no solo aumenta los montos, sino que también amplía el espectro de lo que se considera una falta por la cual los padres deben responder.

      La propiedad privada ahora está contemplada. Anteriormente solo se sancionaban daños a bienes públicos; pero ahora se incluirán ataques al inmueble de cualquier vecino.

      Respecto al consumo de sustancias, se incorporan sanciones por el hallazgo de menores bajo efectos de estupefacientes en la vía pública, que se suman al estado de ebriedad ya contemplado en la ordenanza que rige desde hace años.

      Los horarios y lugares también tienen un ítem especial, porque con la reforma de la ordenanza se faculta al municipio a actuar cuando menores se encuentren en lugares u horarios no permitidos. “Un niño de 12 años, a las 2 de la mañana, un miércoles en la vía pública, no es un lugar para estar”, ejemplificó el responsable de las políticas de seguridad del distrito.

       

      Acciones reparadoras

      Más allá de lo económico, el proyecto incluye formas en las que los sancionados –también- podrán restaurar el daño generado. Apolonio destacó que, tras la sentencia del Juez de Faltas, tanto padres como hijos deberán asistir a talleres de concientización o realizar trabajos comunitarios juntos.

      “Si rompo un vidrio de una escuela o pinto una pared y tengo que ir con mi papá a pintar esa pared, realmente estoy dando un ejemplo y nos damos cuenta de la magnitud de lo que estamos cometiendo; estamos reparando”, reflexionó el funcionario.

       

      Tensión en el Concejo

      A pesar de que la iniciativa parecía tener consenso en la comisión de Legislación, Apolonio advirtió que hubo intentos por entorpecer el tratamiento del proyecto por parte del Movimiento Vecinal, bloque que, según dijo, expresó minutos antes de la sesión que no daría su apoyo y que necesitaba tiempo para incorporar más análisis al tema.

      “Me llama la atención que una herramienta que instalaron ellos (en 2010), pero que no usaron, ahora que la queremos ‘agiornar’ a las nuevas épocas, nos estén poniendo trabas”, observó el secretario, al insistir en que “la sociedad está pidiendo esto” y que es facultad del Estado corregir estas actitudes mediante sanciones.

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